La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC) denunció el asesinato de cuatro menores de edad indígenas el pasado 17 de mayo, luego de que fueran reclutados de manera forzada por el frente Carolina Ramírez, de la disidencia del Estado Mayor Central de las FARC.

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A través de un comunicado, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz confirmó el asesinato que tuvo lugar en la comunidad El Estrecho, límite entre Caquetá y Amazonas.

Los hechos que llevaron a la masacre de los menores se remontan al 26 de marzo del 2023, cuando integrantes de la disidencia realizaron un reclutamiento forzado del menor de edad Luis Alberto Matías Capera, en la comunidad de Guáquira, del pueblo indígena murui. Mediante un comunicado, la OPIAC contó cómo, en medio de la situación de preocupación y zozobra de los familiares, el joven decidió escapar junto a tres menores más que también habían sido reclutados. Tras el escape, el 17 de mayo, en horas de la tarde, el grupo armado buscó a los menores, los encontró en la comunidad El Estrecho y los asesinó con arma de fuego.

Ante esta situación, la Organización le solicitó a los grupos armados al margen de la ley respeto por el derecho al respeto a la vida, integridad personal de sus compañeros indígenas, especialmente de los niños y adolescentes, “los cuales no tienen por qué realizar reclutamientos forzados, ni mucho menos atentar contra la vida e integridad de ellos”, explicó la OPIAC en un comunicado de prensa. Asimismo, les hicieron un llamado a las autoridades nacionales y territoriales para que brinden las condiciones de seguridad, “garantizándoles a nuestros niños y adolescentes condiciones dignas de buen vivir y cese la violencia de los distintos grupos armados ilegales, quienes asesinan, desplazan, confinan y reclutan forzosamente a nuestros compañeros indígenas”.

Sobre el reclutamiento forzado, en el marco de la conmemoración del Día del Niño, el pasado 28 de abril, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, emitió una comunicación dirigida a la representante especial del secretario general para los Niños y el Conflicto Armado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la cual anunció que, solo en el primer trimestre del 2023, se identificaron 23 casos de reclutamiento de menores de edad. Sin embargo, la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico) tiene otras cifras que explicarían un subregistro de los casos. Según la organización, durante el mismo trimestre, 36 menores fueron reclutados por grupos armados.

En diálogo con este diario, Hilda Molano, coordinadora de la secretaria técnica de Coalico, explicó que, desde la organización, no pueden afirmar un aumento del reclutamiento de menores, donde lo único determinante es que hay un subregistro, con el cual no es posible determinar con exactitud cuántos niños y adolescentes se están viendo afectados. “En los últimos dos años, ha venido en aumento precisamente por la amenaza de los actores armados contra las comunidades, en particular porque hacen la exigencia de no denunciar este tipo de situaciones”, explicó Molano.

Como lo señaló la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el reclutamiento de menores es un crimen de guerra. Además, la entidad explicó que el asesinato y el reclutamiento “son mecanismos de exterminio de los pueblos originarios y, por tanto, son hechos inexcusables”. Mediante un comunicado, la Oficina que dirige Danilo Rueda señaló también que “desconocer el clamor del pueblo indígena y del pueblo putumayense es traicionar el propósito nacional de la paz y animar tiempos aciagos del autoritarismo”, e indicó que “va en contra de la paz con justicia social y ambiental”.

Sobre los actores armados, los reportes de Coalico señalan que detrás de los casos, en su mayoría, están las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y el ELN. En este caso particular, a la coordinadora le preocupa que, en lo corrido de 2023, han aumentado los reportes de casos sin poder identificar el actor armado presuntamente responsable del reclutamiento. Hilda Molano agregó que el actual movimiento de los grupos sobre los territorios no permite saber quiénes están actuando de manera clara.

En el Valle del Cauca, por ejemplo, Coalico ha analizado situaciones de desplazamiento forzado de familias que tienen una relación directa con el reclutamiento; es decir, que huyen para evitar que sus hijos se vinculen a grupos armados. Sin embargo, el desplazamiento no es la única consecuencia ante la amenaza del reclutamiento. En Chocó, se han relacionado casos de suicidio con el riesgo de las comunidades étnicas frente al reclutamiento y que uno de los efectos sea el suicidio de niños.

Entre las razones para que los grupos asesinen a los menores reclutados, según el análisis de Molano, están: primero, evitar que difundan la información de la cual se enteraron durante el reclutamiento; segundo, que quien se arriesgue a escapar será asesinado, y tercero, evitar que las comunidades denuncien para mantener el control territorial y las sensaciones de zozobra y miedo.

Asimismo, da cuenta de que hay una serie de factores de riesgo que no solamente están asociados a la presencia del actor armado, sino también a otros ámbitos como la violencia intrafamiliar, la pobreza de los territorios, la falta de oportunidades para los niños y jóvenes, y un sistema educativo que también está permanentemente en riesgo frente al accionar de los grupos, ya sea por la ocupación de los espacios escolares, las amenazas y los desplazamientos o asesinatos de docentes.

En esto coincide Juan Sebastián Campo, coordinador de proyectos en Benposta Nación de Muchachos. En entrevista con El Espectador, el experto señaló que en, aun cuando todo reclutamiento es forzado porque hay una serie de factores de vulnerabilidad que terminan por vincular a los menores a los grupos, en algunos casos, el prestigio que tenga el grupo armado en la zona lleva a los menores a vincularse. No obstante, cuando se dan cuenta de las dificultades que implica vivir en una estructura militar, es probable que algunos intenten escapar.

Después de que la OPIAC alertó sobre los hechos y el alto comisionado los confirmó, la viceministra del Interior, Lilia Solano, viajó con una delegación del Gobierno, el domingo pasado por la mañana, para realizar un consejo de seguridad. Al encuentro también asistieron Adriana Velásquez, subdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y Arnulfo Gasca Trujillo, gobernador del Caquetá. Los tres lamentaron los hechos y la necesidad de esclarecerlos.

“Nos solidarizamos con los pueblos indígenas, más en las condiciones como fueron masacrados estos niños delante de las comunidades, delante de sus familiares. Esto no puede seguir pasando, por eso nos solidarizamos con los pueblos indígenas. Colombia hoy está de luto”, dijo el gobernador Gasca en una rueda de prensa. Además, hizo este llamado: “No podemos seguirles dando espacio a los grupos al margen de la ley, porque en los últimos seis meses han cogido mucha fuerza. Quienes estamos poniendo los muertos somos los campesinos, somos la gente vulnerable del país”.

Según la viceministra Solano, la Fiscalía iniciará una investigación que respetará las creencias y costumbres de los pueblos indígenas de la zona. “Habrá una respuesta en temas de planes de vida, en la inversión que los territorios necesitan y el fortalecimiento a las guardias indígenas, porque reconocemos que este drama del reclutamiento forzado tiene que ser respondido con las entidades en su conjunto. Se necesita que estos territorios y comunidades que han sido abandonados a lo largo de la historia, en este momento sean justamente levantadas; que haya inversión, que haya esa presencia integral del Estado”, aseguró la viceministra.

En entrevista con este diario, Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército, le preguntamos si las disidencias de las FARC, la Segunda Marquetalia y las Autodefensas Unidas de la Sierra Nevada están cumpliendo con el cese al fuego. “El Estado Mayor Central no ha respetado el cese bilateral propuesto por el Gobierno. Ha realizado hostigamientos a la fuerza pública, especialmente en los departamentos del Meta, en el municipio de La Uribe; en el Cauca, en Miranda, Guachené y Argelia. Asimismo, vienen haciendo actividades de proselitismo armado en el Caquetá, específicamente en Cartagena del Chairá, y mantiene activamente el cobro de extorsiones en las zonas donde tiene injerencia”, fue su respuesta.

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Por su parte, Velásquez, subdirectora del ICBF, explicó que han aunado esfuerzos junto a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos: “Vamos a tener una mesa técnica interdepartamental, a la cual se convoca tanto al departamento del Caquetá, Putumayo, Amazonas y también Cauca, en el que vamos a abordar todas las estrategias de prevención de reclutamiento para este territorio. Pero, sobre todo, vamos a afianzar la presencia social del Estado para este municipio”. Finalmente, el presidente Gustavo Petro aseguró que el asesinato de los cuatro menores indígenas en Putumayo es un crimen atroz, “una bofetada a la paz que violenta las bases del derecho internacional humanitario”.

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