El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
El Gobierno colombiano ha dado un paso significativo para reactivar el diálogo con las bandas criminales que operan en Quibdó, conocidas como “Los Mexicanos”, “Locos Yam” y “RPS”, mediante la firma de la Resolución Ejecutiva 319 del 16 de septiembre de 2025. Esta resolución designa nuevos representantes oficiales para liderar las negociaciones, entre ellos el coronel retirado Alexander Castillo Marín, quien asume el rol de coordinador. Con esta acción, se pretende superar un prolongado estancamiento del proceso de paz, que desde mayo de ese año se encontraba paralizado debido a la falta de delegados gubernamentales, llevando a la suspensión de los acercamientos y poniendo en riesgo cualquier avance en la reducción de la violencia en la capital del Chocó.
La situación en Quibdó se caracteriza por escenarios de alta violencia y criminalidad. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la ciudad enfrenta graves problemas derivados del conflicto armado, el narcotráfico y la lucha por el control de corredores estratégicos entre grupos armados locales y organizaciones como el Clan del Golfo. Esto se traduce en una permanente tensión social, múltiples homicidios, extorsiones y desplazamientos forzados, todo en el marco de una disputa por las economías ilegales, especialmente el tráfico de drogas y la minería ilícita. Estos factores complejizan los intentos de pacificación y plantean dificultades significativas para disociar a los grupos armados de las actividades criminales que los sostienen.
La reciente designación de Castillo Marín es controversial tanto a nivel político como social. Su retiro temprano de la Policía, luego de liderar la Metropolitana de Neiva durante un periodo de altos índices de violencia, despierta interrogantes sobre su idoneidad para conducir este proceso. Además, el portal CasaMacondo ha vinculado su nombre como posible intermediario en la red de corrupción “Las Marionetas”, que involucra a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y al exsenador Mario Castaño, acusaciones que el coronel ha rechazado categóricamente. Estos antecedentes siembran dudas sobre la transparencia y el perfil de quienes dirigen los diálogos, en una coyuntura donde la legitimidad de las instituciones es crucial.
Expertos en resolución de conflictos, citados por la Fundación para la Reconciliación, advierten que la efectividad de estos espacios depende no solo de la disposición política, sino también de estrategias más amplias que incluyan desarrollo social, reformas institucionales y una vigilancia estricta sobre la corrupción dentro de las entidades estatales y policiales. La falta de un acuerdo de tregua y la suspensión temporal de delegados resalta las dificultades estructurales de este proceso de diálogo con grupos armados. El Centro Nacional de Memoria Histórica subraya que sin garantías básicas de seguridad para la comunidad ni mecanismos transparentes de monitoreo, el riesgo de que se profundicen las desconfianzas es alto, perpetuando así ciclos de violencia.
Con la derogación de la Resolución 74 del 19 de marzo de 2025, el gobierno colombiano renueva el equipo negociador como un intento de imprimirle dinamismo administrativo y político a un proceso fundamental para la pacificación de una región históricamente marginada. No obstante, su éxito dependerá de la capacidad del Estado para sortear las complejas realidades propias del Chocó, así como de su compromiso con la transparencia en la gestión de los acuerdos. El reto de negociar con “Los Mexicanos”, “Locos Yam” y “RPS” sigue siendo un reflejo de los desafíos estructurales que enfrenta Colombia en su esfuerzo constante por desmontar el crimen organizado en territorios vulnerables, donde la seguridad, la justicia y la institucionalidad siguen siendo pilares en construcción.
¿Qué papel desempeña la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en estos procesos y por qué es relevante su mención? La Sociedad de Activos Especiales (SAE) se encarga de administrar los bienes incautados a organizaciones criminales por el Estado en Colombia, por lo que su adecuada gestión resulta fundamental para evitar que recursos provenientes de actividades ilícitas sean reinsertados en la economía legal. La relevancia de la SAE en el contexto del artículo surge a raíz de su aparente vínculo en la red de corrupción “Las Marionetas”, lo que evidencia la complejidad de mantener la transparencia y la integridad institucional en procesos de negociación y en la lucha contra el crimen organizado.
¿Cuáles son los principales retos para el éxito de los procesos de diálogo en regiones como el Chocó? El éxito de los diálogos con grupos armados en territorios como el Chocó depende, en gran medida, de la capacidad del Estado para brindar garantías de seguridad real a la población, asegurar la transparencia en las negociaciones y realizar un acompañamiento efectivo a través de instituciones robustas. Adicionalmente, el contexto de economías criminales y la presencia de actores armados hacen indispensable el desarrollo de estrategias integrales que aborden tanto las causas estructurales de la violencia como la necesidad de justicia y reparación para las víctimas.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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