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La Fiscalía General de la Nación de Colombia, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, ejecutó recientemente una operación en la que fueron ocupados activos valorados en más de 9.000 millones de pesos, bienes presuntamente vinculados a la banda criminal “Los del Cero”. Esta estructura se dedicaba a la extracción ilegal de oro en el municipio de Buriticá, Antioquia. Según la información oficial, la lista de bienes afectados es amplia e incluye 10 inmuebles tanto urbanos como rurales, 15 vehículos, tres sociedades comerciales, dos establecimientos de comercio y dinero representado en un título judicial. De acuerdo con la Fiscalía, todos estos activos habrían sido adquiridos con recursos derivados de la minería ilegal.
La intervención tuvo lugar en localidades como Medellín y Santa Fe de Antioquia, y contó con la colaboración de la Policía Nacional, integrándose a una estrategia más amplia orientada a combatir la minería ilegal y las redes delictivas asociadas. Esta actividad ilícita genera severos impactos tanto para el medio ambiente como para la estabilidad social y económica de la región. Según la Fiscalía, “Los del Cero” tendrían nexos con el Clan del Golfo, considerado la principal organización de narcotráfico en Colombia, que ha diversificado sus fuentes de financiamiento al incorporar la minería ilegal y el lavado de activos relacionados. Los miembros de esta banda extraían y procesaban el oro de manera artesanal, comercializándolo bajo una fachada legítima, simulando transacciones con mineros informales o barequeros.
La Revista Semana y Human Rights Watch han dado cuenta de la relación existente entre la minería ilegal en Colombia y la financiación de conflictos armados, así como de los daños ambientales ocasionados, principalmente la deforestación y la contaminación por mercurio. Estas cuestiones afectan profundamente tanto la gobernabilidad como la calidad de vida en comunidades rurales, que quedan atrapadas entre economías ilegales y la presencia persistente de grupos armados.
Parte de la estrategia de “Los del Cero”, registrada en investigaciones periodísticas recogidas por LatAm Journalism Review, consistía en registrar los bienes a nombre de familiares y allegados. Este método busca eludir la acción de las autoridades y dificultar la recuperación de activos adquiridos ilícitamente, además de complicar los procesos judiciales contra los verdaderos responsables.




Las medidas de extinción de dominio, que implican la incautación legal de bienes obtenidos mediante actividades delictivas, surgen como un instrumento fundamental en la lucha contra las finanzas de grupos criminales. No obstante, de acuerdo con expertos citados por la Fundación Ideas para la Paz, el éxito de estas acciones requiere coordinación entre instituciones y sistemas confiables de trazabilidad financiera, ya que los grupos criminales procuran adaptarse continuamente para evadir la persecución penal y patrimonial.
Este operativo se incluye dentro de una política pública persistente para enfrentar la minería ilegal en Colombia, la cual, según el Ministerio de Minas y Energía, ha incrementado la inversión en vigilancia y regulación en los últimos años. Sin embargo, la informalidad prevaleciente y la influencia de actores armados en los territorios representan desafíos que aún dificultan el control efectivo de la problemática. La reciente actuación de la Fiscalía simboliza no solo un avance en la lucha contra la criminalidad, sino también un reto permanente que exige acciones integradas entre justicia, desarrollo y participación comunitaria para garantizar impactos duraderos.
¿Cómo afecta la minería ilegal a las comunidades rurales en Colombia? La minería ilegal en regiones como Antioquia provoca la degradación ambiental, incluida la contaminación por mercurio —un metal tóxico utilizado en el procesamiento clandestino del oro— y la deforestación. Además de estos daños ecológicos, la actividad minera sin regulación adecuada transforma completamente la dinámica social y económica de los pueblos, incrementando la inseguridad y facilitando la presencia y el control de grupos armados ilegales sobre las comunidades. Estas organizaciones implementan redes de extorsión y presión social que debilitan las instituciones legítimas, dificultando la protección de los derechos fundamentales y el acceso a servicios del Estado.
Adicionalmente, la riqueza generada de manera ilícita no suele traducirse en desarrollo local ni en mejora de las condiciones de vida de las poblaciones afectadas. Por el contrario, fomenta la informalidad laboral y reduce las oportunidades de crecimiento económico sostenible, perpetuando un ciclo de violencia y dependencia de actividades ilícitas que perpetúan el rezago social.
¿Qué es la extinción de dominio y cómo se aplica en Colombia? La extinción de dominio es un instrumento jurídico que permite al Estado colombiano confiscar aquellos bienes que han sido obtenidos directa o indirectamente a través de actividades ilícitas, como el lavado de activos, la minería ilegal o el narcotráfico. El proceso implica que la Fiscalía, mediante una investigación, demuestre el origen ilícito de los activos para que un juez autorice su incautación definitiva, privando así a las organizaciones criminales de recursos esenciales para su funcionamiento.
En Colombia, la extinción de dominio ha sido destacada como una estrategia crucial en la lucha contra la delincuencia organizada, porque no solo sanciona penalmente a los responsables sino que despoja a los grupos criminales de sus fuentes de poder económico. No obstante, la aplicación efectiva de esta herramienta depende en gran medida de la colaboración interinstitucional y de la capacidad del Estado para rastrear las complejas redes financieras y jurídicas utilizadas para ocultar estos activos ilícitos.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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