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La construcción del nuevo búnker de la Fiscalía General de la Nación en Cali, concebido como uno de los desarrollos más destacados para fortalecer la justicia, se encuentra bajo escrutinio debido a las denuncias realizadas por empleados del sector judicial y por el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal), Diego Achinte. Aunque la obra, destinada a reunir a más de 1.500 funcionarios en un edificio de 14 pisos, debería estar lista para mediados de 2025, persisten retrasos importantes y serios desafíos en cuanto a la seguridad de su entorno inmediato, factores que generan incertidumbre entre el personal y la ciudadanía. Según los testimonios recogidos, la operatividad futura del búnker está en entredicho por estos mismos motivos.
Entre los principales inconvenientes identificados figura la dificultad para negociar los predios aledaños, la existencia de construcciones pendientes de demolición y la presencia constante de poblaciones en vulnerabilidad, como habitantes de calle y recicladores, quienes convergen en la zona. Esta situación incrementa la percepción de inseguridad entre quienes deberán transitar a diario por esta área para ingresar o salir del búnker. El panorama descrito se alinea con un fenómeno recurrente en los procesos de renovación urbana en las ciudades latinoamericanas, donde la modernización física suele no estar acompañada de intervenciones integrales en materia de seguridad y desarrollo social. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, el éxito de estas iniciativas radica en articular la inversión en infraestructura con políticas de cohesión social y fortalecimiento institucional.
Las preocupaciones aumentan si se considera que, tanto la Fiscalía General como distintas dependencias judiciales, han sido catalogadas históricamente como blanco militar por diversos grupos armados y organizaciones criminales, lo que representa un riesgo permanente para funcionarios, usuarios y la comunidad cercana. Reportes del Centro de Estudios en Seguridad Urbana de la Universidad del Valle enfatizan la necesidad de incorporar tecnología de vigilancia, presencia policial eficiente y protocolos de respuesta inmediata a cualquier eventualidad que amenace la seguridad del edificio y su entorno para mitigar la posibilidad de hechos violentos.
La problemática del búnker conecta, asimismo, con la realidad social y económica del centro de Cali, una zona que ha enfrentado procesos complejos durante los últimos veinte años. Datos del Observatorio de Seguridad de Cali muestran que el aumento de personas en situación de calle y la expansión de la economía informal han impactado fuertemente la percepción y los indicadores de inseguridad en sectores clave de la ciudad. Ante esta coyuntura, la puesta en funcionamiento de infraestructura pública estratégica debe ir acompañada de estrategias de inclusión y desarrollo social para garantizar espacios seguros y dignos tanto para los trabajadores judiciales como para los ciudadanos en general.
Adicionalmente, análisis de especialistas en gestión público-privada sostienen que los retrasos en la entrega de este tipo de obras pueden relacionarse no solo con obstáculos técnicos o de seguridad, sino también con descoordinación administrativa y barreras interinstitucionales. El Ministerio de Justicia de Colombia ha señalado la importancia de contemplar desde un comienzo todos los componentes logísticos y de seguridad en la planificación de instalaciones judiciales de gran escala. Esta perspectiva apunta a la necesidad de una respuesta articulada entre distintos niveles del Estado para asegurar que el búnker de la Fiscalía llegue a ser, efectivamente, un espacio seguro y funcional.
La experiencia de otros países de la región, documentada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), subraya que el éxito de estos proyectos depende del equilibrio entre inversión en infraestructura, desarrollo social y seguridad ciudadana. Sin este enfoque integral, las nuevas edificaciones públicas corren el riesgo de convertirse en focos de vulnerabilidad, en vez de consolidarse como fortalezas institucionales al servicio de la justicia y el bienestar colectivo.
¿Por qué la presencia de habitantes de calle afecta la seguridad de grandes proyectos urbanos? - La interacción entre proyectos de infraestructura emblemática y poblaciones en situación de calle representa un reto recurrente en los centros urbanos. En el caso del búnker de la Fiscalía, la permanencia de estas personas en las inmediaciones incrementa la percepción de riesgo y puede obstaculizar tanto el acceso como las condiciones para el trabajo del personal. Según reportes del Observatorio de Seguridad de Cali, la falta de integración de políticas sociales a las intervenciones urbanas facilita la persistencia de entornos poco seguros, lo que afecta a toda la comunidad, no solo a quienes trabajan en la obra.
La experiencia recogida por el Banco Interamericano de Desarrollo sugiere que las estrategias exitosas combinan inversión física y fortalecimiento comunitario. Sin políticas de inclusión y apoyo social, las poblaciones vulnerables suelen quedarse afuera de los beneficios de la regeneración urbana, generando tensiones y riesgos para los proyectos en curso.
¿Qué implica declarar una institución como “objeto militar”? - La calificación de “objeto militar” implica que una institución, como la Fiscalía General o la rama judicial, representa interés estratégico para grupos armados o terroristas y, por tanto, puede convertirse en blanco de acciones violentas. Esta condición obliga a reforzar extraordinariamente los esquemas de seguridad física, tecnológica y operativa, tanto para el inmueble como para el personal, usuarios y vecinos del área. De acuerdo con expertos de la Universidad del Valle, en estos casos se requieren tecnologías de vigilancia avanzada, entrenamiento especial y presencia policial o militar constante.
Las instituciones que enfrentan este tipo de amenazas deben preparar protocolos de evacuación, controles de ingreso y estrategias para responder a posibles ataques. Estos desafíos aumentan los requerimientos y los tiempos de planificación para obras públicas como el búnker, lo que a menudo complica la entrega y funcionamiento seguro del proyecto.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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