El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
La Fiscalía General de la Nación procesó judicialmente a tres mujeres identificadas como Nadia Mireya Gómez Niño, Paula Andrea Ladino Mota y Alejandra Morales Marulanda, quienes están acusadas de desarrollar un método criminal orientado a ganar la confianza de hombres mayores para, posteriormente, suministrarles medicamentos que los dejan inconscientes y así poder robarles sus pertenencias en ciudades como Manizales y Bogotá. En la investigación se les atribuye responsabilidad en al menos dos hechos relevantes: el primero, ocurrido el 7 de junio en Manizales, en el que Gómez Niño habría proporcionado una sustancia en una bebida que permitió la sustracción de objetos valorados en más de 34 millones de pesos; el segundo, el 1 de junio en Bogotá, donde Ladino Mota y Morales Marulanda presuntamente participaron en conjunto para hurtar bienes que superaban los seis millones de pesos, según se expone en el reporte inicial de la Fiscalía.
Este caso revela desafíos significativos en relación a las modalidades delictivas emergentes y la respuesta del sistema judicial en Colombia. La técnica empleada —basada en la manipulación social y el uso ilícito de sustancias farmacológicas— demanda una intervención de expertos en diversas disciplinas para su adecuada identificación y sanción. De acuerdo con la Revista de Ciencias Forenses de la Universidad Nacional de Colombia (2024), la adulteración de bebidas con compuestos como benzodiacepinas o relajantes musculares supone la necesidad de desarrollar procedimientos toxicológicos precisos para poder establecer la sustancia usada y, con ello, fortalecer la respuesta judicial y evitar que los delitos queden sin algún tipo de castigo.
En el marco judicial, el caso fue asumido por un fiscal adscrito a la Seccional Caldas, imputando cargos por hurto calificado y agravado a las acusadas, quienes no aceptaron los cargos. Dos de ellas continúan bajo medida de aseguramiento preventiva en un centro de reclusión, mientras Morales Marulanda sigue su proceso en libertad. Esta circunstancia pone en discusión el equilibrio entre la aplicación de medidas preventivas y el respeto a derechos fundamentales, tal como evalúa el informe del Observatorio de Justicia Colombiana (OJC) de la Universidad de los Andes (2025), el cual señala que la justicia penal busca armonizar la protección de la sociedad y la garantía de la presunción de inocencia, a pesar de las controversias acerca de su efectividad.
Un elemento adicional relevante es la utilización de redes sociales para establecer contacto con las víctimas, lo que pone de manifiesto la creciente expansión de la ciberdelincuencia y el uso de entornos digitales como medios para abordar a personas vulnerables. Datos del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC) indican que hasta el 48% de las personas afectadas por estafas o fraudes en línea en Colombia corresponden a adultos mayores, lo que incrementa la urgencia de campañas educativas y estrategias preventivas que permitan mitigar los riesgos asociados a la navegación digital.
Casos como este, que combinan manipulación química, delitos informáticos y robos materiales, colocan a la sociedad frente a retos complejos en materia de protección a las poblaciones en riesgo y optimización de las capacidades investigativas del Estado. El director de la Unidad de Análisis Criminal de la Policía Nacional, en entrevista con El Espectador (2025), destacó la relevancia de la capacitación constante de la fuerza pública en nuevas tipologías delictivas, así como la necesidad de mejorar los métodos científicos para el análisis de evidencias, tanto digitales como químicas, con el fin de impedir la impunidad.
En perspectiva, este caso trasciende el ámbito penal y pone de relieve las dificultades inherentes a la criminalidad contemporánea, señalando el papel fundamental del periodismo en la visibilización de este tipo de prácticas y remarcando la importancia de desarrollar respuestas coordinadas entre justicia, tecnología y educación pública, según coinciden la Fiscalía General, la Universidad Nacional, MinTIC y la Policía Nacional.
¿Cómo actúa la farmacología forense ante delitos con sustancias adulterantes? La farmacología forense es la disciplina encargada de analizar e identificar sustancias químicas presentes en el organismo cuando existen sospechas de delito. En Colombia, según la Revista de Ciencias Forenses de la Universidad Nacional, este campo aplica protocolos de toma de muestras y análisis toxicológico que permiten identificar componentes como benzodiacepinas utilizados para cometer delitos como el hurto. Este análisis puede constituir la principal evidencia para la judicialización de los responsables y evitar que los crímenes queden sin castigo.
¿Qué medidas se recomiendan para evitar ser víctima de fraudes digitales? La información presentada por MinTIC subraya la importancia de la prevención en espacios digitales, especialmente para adultos mayores. Las recomendaciones incluyen no compartir información personal con desconocidos, mantenerse alerta ante solicitudes sospechosas y nunca acceder a enlaces o descargar archivos sin verificar su procedencia. Además, se enfatiza la necesidad de que las campañas institucionales amplíen la difusión de buenas prácticas y recursos educativos para que las poblaciones más vulnerables puedan identificar y evitar situaciones de riesgo digital.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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