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Las dos campañas presidenciales que se disputaron la Casa de Nariño en segunda vuelta en 2014 siguen con el manto de dudas por la presunta entrada de dineros por parte de la multinacional brasileña Odebrecht. Resulta que entre las revelaciones y anuncios que hizo el fiscal general Francisco Barbosa este jueves desde Cartagena están los presuntos aportes que hizo a esas campañas.
Según el ente acusador, Odebrecht le dio $3.540 millones a la campaña del expresidente Juan Manuel Santos y $3.045 millones a la del excandidato exdirector del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga.
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Zuluaga actualmente está vinculado a una investigación penal en la que la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares.
Entretanto, el expresidente y premio Nobel de Paz señaló recientemente que se encargará de “demostrar que es una calumnia temeraria, infame y contraevidente” los señalamientos de presuntos sobornos que recibió por parte de la empresa.
Por otro lado, el fiscal Barbosa reveló que entre los imputados están, por una línea, 33 personas por presuntas irregularidades en 6 otrosíes, entre ellos Luis Fernando Andrade, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, vinculado por coautor del delito de interés indebido en la celebración de contratos.
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Así mismo, dijo que tiene pruebas de que esas personas favorecieron al contratista en seis otrosíes del contrato de la Ruta del Sol 2. Presidente, vicepresidente, gerentes, comités, asesor y contratista. La suscripción de estos documentos generaron un beneficio para el consorcio, en detrimento del Estado, de $120.000 millones.
“En el caso de Odebrecht vamos a entregar 115 imputaciones adicionales a las que había antes de mi administración. Vamos a mostrar cómo funcionaba todo el entramado corrupto. Hoy trabajamos de la mano del FBI (Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos). Pero esa gran corrupción también requiere de la lucha contra la pequeña corrupción”, aseveró Francisco Barbosa.
Por el entramado de corrupción de la transnacional brasileña, el Grupo Aval aceptó el pasado 13 de agosto su responsabilidad ante las autoridades judiciales de Estados Unidos por los sobornos que pagó con la empresa Odebrecht a funcionarios colombianos por el contrato de la Ruta del Sol 2.
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