Este proceso, que buscaba llevar internet a las escuelas rurales del país, fue cancelado por presuntos actos de corrupción. Esto llevó al ente investigador a acusar al empresario Ottomar Lascarro y al corredor de seguros, Juan José Laverde, por presuntamente ser responsables de fraude procesal, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado,
El tercer señalado es Juan Carlos Cáceres, quien estaría involucrado en el delito de peculado por apropiación.
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Según el material probatorio de la Fiscalía, cuya investigación es liderada por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, Laverde habría servido como intermediario para que Lascarro prestara los nombres de sus empresas para crear la unión temporal Centros Poblados.
Garantías falsas en Centros Poblados
Esa movida habría acreditado experiencia técnica, financiera y jurídica para quedarse con el contrato de Centros Poblados. Al parecer, “se hizo incurrir en error a los funcionarios del MinTic que expidieron la resolución de adjudicación del contrato y avalaron un anticipo por $ 70.000 millones”.
“La evidencia da cuenta de que parte de estos dineros fue destinada a otros asuntos que no correspondían al objeto de contrato”, agregó la Fiscalía.
Entre estos habría $ 9.062 millones, que, al parecer, fueron destinados para comprar casas, vehículos y dar préstamos a terceros. Otros US$ 300.000, presuntamente, los usó Emilio Tapia para cubrir el pago de las comisiones que habrían sido acordadas por la compra de la experiencia de las empresas de Lascarro y la posible intermediación de Laverde
El contrato de Centros Poblados fue caducado, luego de que se comprobara que se presentaron garantías falsas durante el proceso de licitación.
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