Una vez más, la exministra de las TIC, Karen Abudinen, no fue reconocida como víctima en una de las aristas del escándalo de Centros Poblados. Mientras ejercía como jefa de esa cartera, el Ministerio adjudicó un billonario contrato para llevar conectividad a escuelas rurales que terminó en un sonado caso de corrupción que terminó con su renuncia. Aunque Abudinen aseguraba que había sufrido un daño a su buen nombre, la jueza que lleva uno de los expedientes sostuvo que ese daño nada tiene que ver con la persona que está siendo procesada.
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Ocurrió en una audiencia del proceso que se sigue contra Juan José Laverde, empresario de seguros que habría conseguido las garantías bancarias que permitieron a la Unión Temporal Centros Poblados quedarse con el contrato del Mintic, documentos que resultaron falsos. En concreto, la jueza 40 penal del circuito de Bogotá estaba a punto de decidir si le daba luz verde a la negociación de Laverde con la Fiscalía, lo que significaría una de las primeras sentencias del caso. Pero al proceso llegaron seis abogados de entidades del Estado y de privados a pedir ser reconocidos como víctimas.
Además de Abudinen, pidieron ser reconocidos como víctimas la Agencia de Defensa Jurídica del Estado —de hecho llamó la atención que hizo presencia en la audiencia directamente su directora, Martha Lucía Zamora—, actuando a nombre del Mintic; el banco BBVA, el banco Itaú (cuyos logos estaban en las garantías bancarias que resultaron falsas), el Fondo Nacional de Garantías y la empresa CES Colombia, encargada de revisar los documentos en la licitación que terminó ganando Centros Poblados. La jueza concluyó que todos pueden actuar como víctimas en el caso, menos la exministra del gobierno de Iván Duque y esta última empresa.
Ambos apelaron y la discusión debe pasar ahora al Tribunal de Bogotá. Sin embargo, la jueza explicó que Karen Abudinen, “en uso de los deberes que le fueron asignados a su cargo, debía poner en conocimiento de las autoridades las irregularidades que conociera, por lo que el daño se materializó sobre la persona jurídica que representaba (el Ministerio) y no sobre ella misma”. Y remató: “la afectación de un buen nombre y el de su familia fue creado aparentemente en el presente caso de manera general y no por la conducta de Juan José Laverde”.
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Ya en octubre de este año, cuando Laverde estuvo a punto de ir a juicio, la jueza que llevaba el proceso en su contra había llegado a una conclusión similar. Como en estos tres meses el empresario de seguros estuvo negociando un preacuerdo con la Fiscalía para recibir una pena menor a cambio de aceptar cargos, el expediente pasó a una nueva jueza. A ese despacho llegó nuevamente Karen Abudinen, junto con su abogado, Jorge Amorocho Price, quien apeló la decisión asegurando que el daño al buen nombre de la exministra sí nació con la conducta ilícita de Laverde y sus socios.
El abogado Amorocho recordó que la exministra tuvo que enfrentar una moción de censura en el Congreso e incluso referenció —sin decirla directamente— la palabra “abudinear”, que ha sido utilizada en redes sociales tras el escándalo de Centros Poblados como un sinónimo de robo. “Si la creación de un verbo equiparable a hurtar no es una afectación directa, no sabría esta representación de víctimas qué es un daño”, dijo el defensor.
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