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A la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, llegó una solicitud de la Procuraduría General de la Nación, para que en el menor tiempo posible y con carácter urgente, decrete medidas cautelares sobre el cementerio municipal de Miraflores, Guaviare. Esto porque, según testigos, allí habría enterrados los restos de unas 19 personas víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como ‘falsos positivos’.
La ubicación de los cuerpos fue revelada por 23 ex integrantes del Ejército Nacional, que durante sesiones de versiones voluntarias, aceptaron su participación y responsabilidad en los crímenes y entregaron detalles sobre el paradero de algunas de las víctimas.
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“Se considera que la situación es urgente, debido a que existe un riesgo inminente de que los cuerpos que presuntamente se encuentran en las fosas se vean alterados, modificados, destruidos o desaparecidos”, explica el procurador delegado ante la JEP, Alonso Pío Fernández Angarita.
La petición del Ministerio Público busca además proteger los derechos de las víctimas directas e indirectas. Y es que pese a que han pasado tantos años, en el país hay miles de familias que siguen buscando los restos de sus seres queridos.
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Están los desaparecidos y los miles que siguen sin identificar, todos muertos a manos del Ejército Nacional, que asesinó campesinos y jóvenes a quienes hacían pasar como miembros de organizaciones al margen de la ley caídos en combate. Todo en el afán de reportar cifras positivas en el marco del conflicto armado.
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Finalmente, la Procuraduría concluye en su solicitud que “algunas de esas víctimas, pese al paso del tiempo, no han logrado ser identificadas y que tampoco se tiene certeza de que sean las únicas existentes dentro del marco de la investigación, pues cabe la posibilidad de que el despacho muestre interés en continuar con otras unidades militares del sector que también han sido señaladas como responsables de ejecuciones extrajudiciales”.
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