Fue impresionante el ataque sicarial del que fueron víctimas los activistas venezolanos Luis Alejandro Peche Arteaga y Yendri Ómar Velásquez Rodríguez en el barrio Cedritos, en el norte de Bogotá. Pero impresionó también la forma en que varios policías inspeccionaron y pudieron contaminar los importantes elementos materiales de prueba que encontraron en el carro en el que se habrían movilizado los agresores.
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Los dos extranjeros fueron atacados a bala cuando estaban en la entrada del edificio en el que vive uno de ellos. Después de la confusión por la detonación de entre 15 y 20 disparos, los delincuentes corrieron hasta un automóvil que los esperaba muy cerca, y poco después sus víctimas fueron trasladadas a la clínica Reina Sofía. Luego, un grupo de policías encontró el carro y, dentro de él, unas armas y otras evidencias que habrían sido usadas por los sicarios en su ataque.
Sin que todavía las autoridades hayan establecido las causas del atentado, no se puede soslayar el hecho de que las víctimas son miembros de la oposición venezolana que piden refugio en Colombia. En ese sentido, y aun considerando que el ataque pudo tener causas diferentes a esa condición de Peche Arteaga y Velásquez Rodríguez, tampoco se puede olvidar lo que le pasó al teniente y disidente venezolano Ronald Ojeda, asesinado en Santiago de Chile por miembros del ‘Tren de Aragua’. Las autoridades de ese país avanzan en pistas que señalan que el crimen fue ordenado por el régimen de Venezuela, en su estrategia de llevar la represión más allá de sus fronteras.
Entre los hechos ocurridos en Santiago y Bogotá, hasta ahora, no existe ninguna relación. Pero la nacionalidad y la condición de activistas opositores a Nicolás Maduro le dan al caso de Peche Arteaga y Velásquez Rodríguez un tinte especial que debió ser abocado desde el principio con el mayor cuidado por parte de las autoridades. Pero no habría sido así. La forma en que los policías manejaron los elementos que había adentro del carro deja serias dudas a la luz de la legislación y los manuales y protocolos que se deben seguir para garantizar la cadena de custodia.
Esto, con independencia de que esas armas no fueran convencionales de fuego, sino traumáticas modificadas, lo que ha avivado la hipótesis de que el ataque no fue para matar, sino para intimidar a los dos extranjeros, que ya habían denunciado seguimientos, mensajes amenazantes y un clima de hostigamiento creciente.
Las pruebas de un delito en la cadena de custodia
Según el ‘Manual único de Policía Judicial’ (que rige en Fiscalía, Medicina Legal, Procuraduría, Contraloría, y Policía Nacional), el sistema de cadena de custodia es un proceso continuo y documentado que se aplica a los elementos materiales probatorios y evidencia física (EMP y EF), por parte de los servidores públicos y particulares que, con ocasión de sus funciones, deban garantizar la autenticidad y capacidad demostrativa de esas pruebas o evidencias mientras que la autoridad competente ordena su disposición final.
De esa cadena de custodia hacen parte las etapas de hallazgo, recolección, embalaje, rotulado, transporte, análisis y almacenamiento. Y tiene unos requisitos de validez, entre ellos, el de capacidad demostrativa de los EMP y EF, que incluye los conceptos de integridad y preservación. El primero hace referencia a garantizar que los EMP y EF no presentan alteraciones en las partes que lo componían al momento de su hallazgo, recolección y embalaje y que sus características no han sido alteradas (…), y el segundo alude a la aplicación de las diferentes técnicas para garantizar el menor impacto de contaminación o destrucción de la capacidad demostrativa de los EMP y EF.
El Código de Procedimiento Penal, en su Artículo 213, establece que “inmediatamente se tenga conocimiento de la comisión de un hecho que pueda constituir un delito, y en los casos en que ello sea procedente, el servidor de Policía Judicial se trasladará al lugar de los hechos y lo examinará minuciosa, completa y metódicamente” para descubrir, identificar, recoger y embalar, de acuerdo con los procedimientos técnicos establecidos en los manuales de criminalística, todos los EMP y EF que tiendan a demostrar la realidad del hecho y a señalar al autor y partícipes del mismo. Y el Artículo 254 señala que la cadena de custodia se iniciará en el lugar donde se descubran, recauden o encuentren los EMP y EF, y finaliza por orden de autoridad competente.
A la luz de estas consideraciones, llama la atención la forma como varios policías trataron el vehículo en el que habrían escapado los atacantes de los dos activistas venezolanos y las armas que encontraron en su interior. Para empezar, el sitio donde estaba el automóvil no fue aislado o acordonado a la espera de las unidades especializadas de criminalística o Policía Judicial. Después, sin ningún tipo de protección, los uniformados tocaron y abrieron las puertas del carro (delanteras, traseras y el baúl), contaminándolas con sus propias huellas.
Lo mismo ocurrió con dos pistolas que estaban dentro de un maletín detrás del asiento del conductor. Fueron tomadas sin guantes, igual que sus respectivos proveedores, todo lo cual fue puesto (y expuesto) en un lugar diferente al de su hallazgo, si bien otro documento de la Fiscalía (‘Manual del sistema de cadena de custodia’) recomienda que, en el caso del hallazgo de armas de fuego, “se debe tomar por la empuñadura”, como efectivamente lo hizo el agente que las manipuló.
Es tal la preocupación por el borrado de huellas dactilares que el mismo manual establece que las armas se deben “manipular por las partes estriadas para evitar el borrado de huellas latentes y residuos de muestras trazas”. Y, para el caso de las pistolas, si deben ser exploradas en búsqueda de huellas dactilares o palmares, recomienda que su embalaje garantice que las superficies susceptibles de contenerlas no se rocen con ningún elemento que pueda borrarlas. También se les debe quitar el proveedor y retirar el cartucho de la recamara, teniendo cuidado de no alterar las impresiones dactilares.
La investigación por el ataque a los activistas venezolanos Peche Arteaga y Velásquez Rodríguez en el norte de Bogotá se debe hacer con pleno rigor atendiendo su condición de exiliados y perseguidos por el régimen de Maduro. Establecer plenamente las causas del atentado e identificar con certeza a los autores materiales y a los determinadores exige el máximo cuidado con la cadena de custodia y todo lo que esta estipula para el tratamiento de los elementos materiales probatorios y evidencia física.
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