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Un importante debate institucional se vive en Colombia tras el anuncio de un grupo de exjefes paramilitares, quienes informaron que presentarán una serie de argumentos ante el Consejo de Estado con el propósito de refutar los señalamientos de la Defensoría del Pueblo. Según el comunicado divulgado por los excomandantes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), estos consideran que la Defensoría ha incurrido en “prejuicios e impresiones graves” al demandar su designación como gestores de paz, criterio asumido por el presidente Gustavo Petro.
De acuerdo con la información proporcionada, estos exjefes de las Auc indicaron que remitirán al Consejo de Estado argumentos fácticos y jurídicos. Su objetivo es aclarar las dudas y responder, punto por punto, a lo que consideran afirmaciones infundadas presentadas por la Defensoría en su demanda de nulidad. El origen de esa disputa se remonta a la decisión de Iris Marín, actual defensora del pueblo, quien elevó al máximo tribunal de lo contencioso administrativo una demanda contra la resolución mediante la cual el presidente Petro designó como gestores de paz a 16 exjefes paramilitares. Marín argumentó que esa resolución carece de los controles adecuados y no garantiza la participación de las víctimas, lo que genera vacíos en la legitimidad del proceso.
Esta controversia ha despertado sorpresa y preocupación entre los exjefes de las Auc. Ellos sostienen que, tras su desmovilización entre 2003 y 2006—fruto de una negociación política con las autoridades colombianas en la que participaron más de 35.000 integrantes—, han cumplido todos los requisitos impuestos por la justicia tanto ordinaria como transicional durante las dos décadas siguientes. No obstante, la Defensoría insiste en que los antecedentes criminales de estos actores, señalados por crímenes de lesa humanidad y por presunto incumplimiento de algunas obligaciones judiciales, son incompatibles con el encargo público recibido.
En el comunicado, los exparamilitares rechazan las descripciones utilizadas, al considerarlas despectivas y carentes de precisión. Resaltan el principio de la justicia transicional, sistema que busca facilitar el paso hacia la paz luego de una confrontación armada, recordando que contempla tanto los derechos de las víctimas como el de quienes se reincorporan, incluyendo la garantía de no ser objeto de estigmatización y el acceso a una segunda oportunidad.
Dentro de los exjefes señalados por Petro como gestores de paz figuran nombres asociados con crímenes atroces, como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar, Diego Fernando Murillo, Carlos Mario Jiménez y Hernán Giraldo Serna. La Defensoría alerta que la medida podría alterar el orden político y social al otorgar roles institucionales a responsables de delitos graves, lo que, a su juicio, mina la confianza pública en el funcionamiento de la justicia y el Estado como garante de los derechos humanos. Ya en noviembre de 2024, poco después de asumir la Defensoría, Marín había criticado el nombramiento al afirmar que dichos exjefes no representan un ejemplo moralmente válido para la construcción de un proceso de paz sostenible.
¿Qué funciones cumplen los gestores de paz en Colombia? – El debate actual sobre la idoneidad de los designados por el presidente Gustavo Petro como gestores de paz pone de relieve el significado y el papel social de esa figura. Los gestores de paz son personas seleccionadas por el gobierno para facilitar diálogos, contribuir a la resolución de conflictos y mediar en procesos de reconciliación, especialmente en contextos afectados por la violencia y el conflicto armado. Su accionar, según lo estipulado en los marcos normativos, implica tanto el contacto con actores armados como la interlocución con comunidades afectadas, con el propósito de construir caminos hacia la paz y la reparación.
En el caso colombiano, la controversia gira en torno a la legitimidad de excombatientes a quienes se les confía este papel, teniendo en cuenta su pasado judicial y sus obligaciones frente a las víctimas. El cuestionamiento planteado por la Defensoría subraya la complejidad de equilibrar la inclusión y reincorporación de antiguos actores armados sin desproteger los derechos de quienes han sufrido directamente la violencia. Esta discusión pone en evidencia los retos de los procesos de paz en sociedades marcadas por el conflicto interno y la búsqueda de justicia.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?
El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.
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