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Pasados cinco meses del escándalo alrededor de las presuntas coimas y hechos de corrupción en el contrato de carrotanques para La Guajira, este jueves será la audiencia de imputación de cargos contra Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector –respectivamente– de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Previo a la diligencia, El Colombiano conoció los informes de interrogatorio de ambos exfuncionarios, en los que salpican a más funcionarios en el entramado de corrupción y revelan que Carlos Ramón González, entonces director del Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia) ordenó darle contratos a Iván Name (expresidente del Senado) por $60.000 millones y a Andrés Calle (expresidente de la Cámara) por $10.000 millones.
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Entre los nuevos nombres que ahora aparecen vinculados al escándalo sobresale nada menos que Camilo Ernesto Romero, exgobernador de Nariño y hoy embajador de Colombia en Argentina, uno de los pesos pesados de la Alianza Verde, partido al que también pertenece Carlos Ramón González.
El nombre del diplomático, que además fue precandidato presidencial en las pasadas elecciones, aparece referenciado en una serie de números telefónicos que proporcionó Olmedo López de personas con las que tuvo contacto en medio de las presuntas coimas.
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Aparece además el nombre del representante liberal Germán Rozo, quien no solo pertenece a la Comisión Séptima de la Cámara –donde el Gobierno de Gustavo Petro tramitó reformas como la laboral, pensional o salud–, sino que es proveniente de Arauca. Justamente, se trata de la región que también representa la congresista Karen Astrith Manrique, señalada de ser un enlace con la guerrilla del Eln para proporcionarles contratos estatales como mecanismo de financiación.
El contacto de Rozo fue proporcionado por el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, a Olmedo López. Lo anterior, en medio además de las denuncias que indican que el exdirector de la Ungrd habría recibido instrucciones directas del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para direccionar millonarios contratos para congresistas en medio de la discusión de una adición presupuestal para la entidad.
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Adicionalmente, figura como otro de los salpicados César Augusto Manrique, nada menos que jefe del Departamento de la Función Pública, señalado de haber puesto como una de sus cuotas en la entidad a Luis Carlos Barreto Gaviria, entonces subdirector de Conocimiento de la Ungrd y quien “era el encargado de manejar todos los temas científicos (estudios)”.
“Luis Carlos Barreto fue designado por el señor Olmedo López como el encargado de todos los temas de La Guajira, y cuota de César Augusto Manrique, jefe del Departamento de la Función Pública (…) Olmedo López le comenta a Sneyder Pinilla que el contrato de los 40 carrotanques sencillos es para Luis Carlos Barreto”, sostuvo Pinilla en el interrogatorio.
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En los documentos también sobresale el nombre del senador Julio Elías Chagüi Flórez, de Córdoba y quien pertenece al Partido de La U. El congresista, cuyo contacto fue facilitado por el entonces ministro Velasco, se reunió con Olmedo López. Lo anterior, justo cuando se discutía un proyecto de obras de protección y ampliación de canales para mitigar inundaciones en el municipio de Sahagún, en Córdoba, por $28.141 millones.
Se reseña además una reunión entre Olmedo López y el aún director de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga: “Idárraga le solicita al director Olmedo López que atienda al alcalde de Barrancabermeja y al alcalde de Becerril (…) el secretario solicita atención especial para alcaldes amigos”.
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Otros de los nombres que aparecen en el listado de números y que ahora deberán dar explicaciones sobre su presunta participación en el ramillete de irregularidades son Diego Enrique Vargas Vega, exsubdirector de la Ungrd; Camilo Henry, agente de comunicaciones de Olmedo López; Sara Lucía Sepúlveda Morales, asistente de Carlos Ramón González, y Nelsy Chincangana Collazos, secretaria general de la Unidad.
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