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Sin importar las múltiples alertas, denuncias públicas y cuestionamientos, EPM entregó este mes un millonario contrato para el servicio de vigilancia privada a la empresa barranquillera Su Oportuno Servicio Limitada (SOS), que desde agosto de este año había sido señalada como la favorita para ganar esa licitación.
La decisión quedó en firme el pasado 6 de octubre, fecha en la que se aceptó oficialmente la oferta de SOS dentro del proceso rotulado con el número CW276026. El contrato, que comprende el servicio de seguridad para todas las instalaciones de EPM por fuera del Valle de Aburrá, será firmado por un valor de $73.745 millones y tendrá un plazo de ejecución de 669 días (equivalentes a 1 año, 9 meses y 28 días).
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En el informe de aceptación de ofertas para conocer qué empresas se quedan con las licitaciones, SOS obtuvo la mayor puntuación para ambos grupos en la ponderación final, luego de que quedara eliminada del proceso la entidad que había tenido la mejor puntuación para ambos grupos en la ponderación inicial, una entidad procedente de La Guajira, argumentando que no cumplía con los aspectos económicos.
Debido a que SOS lideró la puntuación para ambas ofertas y, de acuerdo con lo establecido en el reglamento de esta licitación, EPM decidió que se le debía entregar el contrato del grupo 2 (municipios de Antioquia y otras regiones), que era el más codiciado por su gran monto, entregándole el del grupo 1 (Valle de Aburrá) a quien quedara de segundo.
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Desde que empezó el proceso, comenzaron los señalamientos por parte de otros competidores, acerca de que EPM estaba favoreciendo a la que finalmente ganó este proceso licitatorio, sobre todo en los criterios de evaluación de una póliza de seguro colectiva que se estaría solicitando para poderse quedar con el contrato.
Según trascendió, las condiciones en materia de aseguramiento fueron vistas con suspicacia por varios competidores, quienes señalaron que algunas empresas estarían adquiriendo pólizas a un valor más bajo y de menor cobertura para poder presentar una oferta más económica. Dentro de las empresas señaladas de aprovecharse de esa asimetría, fue mencionada SOS. “Hemos participado en diferentes procesos donde vemos primas de $100 con un valor asegurado de $800.000, hasta allá hemos llegado”, dijo en su momento uno de los oferentes.
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Otros de los requisitos de este proceso, que se abrió el 16 de marzo de este año, tenía que ver con acreditar cinco años en máximo cinco contratos y constituir garantías bancarias por $400 millones, puntos en los que no había mayores problemas. Para el 17 de abril, cuando se cerró el plazo, se conoció que presentaron propuestas 15 empresas, todas por $73.000 millones para el grupo 2 y de $46.000 millones para el grupo 1 (el Aburrá).
Además de las condiciones de la licitación, otro factor que levantó dudas radica en que SOS suscribió un contrato en el 2016 con la Gobernación de San Andrés, el cual terminó siendo investigado por la Procuraduría e hizo que se llamara a juicio disciplinario al entonces gobernador Ronald Housni, de la familia del excongresista Jack Housni, quien fue jefe de Diana Osorio, la exgestora social y pareja de Daniel Quintero.
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En ese momento, el contrato otorgado en la isla a esta empresa barranquillera por parte del exgobernador Housni era de $2.000 millones y, según el concurso de méritos, favoreció a SOS por un punto (la calificaron con 400 y el competidor más fuerte en la puja obtuvo 399).
Además, en ese momento, los accionistas de SOS eran José Villalba Beltrán y Harlyn VIllalba, quienes a su vez eran integrantes de la junta directiva de la Sociedad Productora de Energía de San Andrés y Providencia (Sopesa S.A. ESP), que tuvo como empleado a Ronald Housni por 16 años.
Finalmente el exgobernador de San Andrés fue condenado en 2019 a siete años de prisión por irregularidades con este y otros procesos de contratación y el mentor de la exgestora social en la política, Jack Housni, también está investigado por irregularidades similares.
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Aunque fueron reiterativas las acusaciones de que la empresa estaba favoreciendo a algunos oferentes, la entidad, en su momento, lo negó tajantemente, si bien no entregó detalles de cómo iba avanzando. “EPM continúa con el proceso de contratación y hasta tanto no se den por cumplidas otras etapas, no puede pronunciarse. Sin embargo, tal como lo hace en todos sus procesos de contratación, la Compañía seguirá dando cumplimiento a sus principios y políticas dentro del proceso contractual de bienes y servicio”, dijo.
Las sospechas incrementaron porque este era el segundo proceso licitatorio que se realizaba para adjudicar los servicios de vigilancia, ya que en el segundo semestre de 2022 se abrió un proceso para esta misma finalidad, pero se suspendió sin que se entregaran detalles.
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Algunas versiones dan cuenta de que la empresa barranquillera se presentó a esta primera licitación, pero no había cumplido con todos los requisitos establecidos por EPM, sin manifestar directamente que por esta razón se habría suspendido, sin declararlo formalmente desierto.
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