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La polémica empresa que desde hace varias semanas es señalada de presuntamente estar siendo favorecida en la millonaria licitación que adelanta EPM para contratar su servicio de seguridad —en la que se comprometerían recursos por $ 120.000 millones— salió encabezando la lista de elegibles de la que saldrán los ganadores de ese proceso.
Así quedó consignado en el más reciente informe de análisis y conclusiones publicado por EPM el pasado 9 de agosto, en el que la empresa Su Oportuno Servicio Ltda (S.O.S. Seguridad), con sede en la ciudad de Barranquilla, obtuvo un puntaje de 100 puntos de 100 posibles.
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Pese a que el pasado lunes EPM rompió su silencio frente al tema y publicó un comunicado en el que defendió la rectitud de ese concurso, asegurando incluso haber pedido por cuenta propia el acompañamiento de la Personería de Medellín como una garantía adicional, la publicación de dicho informe volvió a despertar suspicacias entre otros competidores, que por su parte siguen dudando de la imparcialidad de EPM.
“El proceso de selección pública de ofertas ha sido revisado detalladamente al interior de la Empresa y cuenta con concepto favorable por parte de la Gerencia de Auditoría de Proyectos y Suministros. Adicionalmente, con el objetivo de garantizar la transparencia y objetividad en la selección de los proveedores del servicio de vigilancia y seguridad privada, el 2 de agosto de 2023, EPM radicó la solicitud de Vigilancia Administrativa Preventiva sobre el proceso de contratación ante la Personería de Medellín”, expresó EPM en un comunicado.
Un contrato con múltiples dudas
La controversia por el contrato de seguridad de EPM estalló desde finales de julio pasado, cuando la emisora La FM publicó una investigación que puso los reflectores sobre ese proceso, sacando a flote los señalamientos de varios competidores que apuntarían a un presunto favorecimiento a la empresa S.O.S. Seguridad.
De acuerdo con los testimonios, que encajan con otros oferentes consultados, el grueso de las dudas se centraban en varias decisiones y requisitos técnicos implementados por EPM en la licitación.
El proceso en cuestión aparece rotulado con el objeto de la “prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada para Grupo EPM” y está identificado con el número CRW251772 en el portal de contratación de la compañía de servicios públicos.
Con el mismo, la empresa busca contratar su servicio de vigilancia privada para todo el país, por lo cual lo dividió en dos grandes partes. Por un lado el Grupo 1, que comprende todas las instalaciones de la empresa en el Valle de Aburrá; y por otro, el Grupo 2, que reúne a todas las instalaciones de EPM por fuera del Valle de Aburrá, incluyendo no solo el departamento de Antioquia, sino Caldas, La Guajira, Cundinamarca, entre otros.
El primer frente de dudas para los oferentes se remonta al año pasado, cuando la empresa abrió un proceso similar, identificado con el número CRW154525.
Pese a que ese primer contrato se abrió desde el segundo semestre de 2022, la empresa decidió suspenderlo sin dar mayores explicaciones.
A juicio de otros competidores, tal como lo recogió La FM en su investigación y señalaron otras fuentes consultadas, habría quedado el sinsabor de que presuntamente se estaría tratando de favorecer a empresas que no lograron ajustarse a las condiciones del mismo. Asimismo, para varios competidores llamó la atención que EPM decidiera suspender el proceso y no declararlo formalmente desierto.
Tras esa suspensión, EPM abrió nuevamente otro proceso con el mismo objeto, al que se postularon el pasado 17 de abril unas 15 empresas.
En este último concurso, EPM incluyó múltiples requisitos, como acreditar una experiencia de mínimo cinco años en máximo 5 contratos por un valor mínimo de 70.000 salarios mínimos mensuales, constituir garantías bancarias por $400 millones, acreditar la adquisición de una póliza de seguro colectivo, entre otros.
Sobre este requisito del seguro de vida colectivo se centra el segundo frente de reclamos de los contratistas, que señalan que el mismo estaría siendo aprovechado por oferentes para presentar ofertas por un valor muy bajo, que al final sería uno de los factores de mayor peso a la hora de escoger a un ganador.
Según quedó consignado en un acta de una reunión celebrada el pasado 28 de mayo, la exigencia de dicho seguro es tan polémica que desató una discusión, en la que varios oferentes dijeron que el mismo se prestaba para que unas empresas entraran con ventaja sobre otras, entre ellas S.O.S. Seguridad.
“Hemos participado en diferentes procesos licitatorios donde vemos primas de $ 100 con un valor asegurado de $800.000, hasta allá hemos llegado. Entonces sí le pido a la administración que elimine esta exigencia”, dijo uno de los oferentes.
Lo que responde EPM
En su pronunciamiento de este lunes, EPM se refirió por primera vez a esos cuestionamientos, argumentando por un lado que decidió suspender el proceso lanzando en 2022 a raíz de las inquietudes que había despertado la exigencia del seguro de vida.
“Este proceso se terminó sin éxito, debido a que se identificó durante la etapa de evaluación, inquietudes legales por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, relacionadas con el ramo (clase) de seguro de vida con el que deben contar para su operación las compañías de servicios de vigilancia”, dijo la empresa, añadiendo que por cuenta de esa suspensión se vio en la necesidad de renovar el contrato con la empresa que actualmente se encarga de la vigilancia, para que EPM no se quedara sin ese servicio.
Frente al presunto favorecimiento de S.O.S. seguridad, EPM también sostuvo que en el proceso de 2022, la misma había cumplido con el requisito del seguro de vida colectivo.
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“Frente a la información publicada en medios de comunicación relacionada con el no cumplimiento del requisito del seguro colectivo de vida por parte de la compañía Su Oportuno Servicio Ltda. S.O.S., se aclara que la oferta presentada por el oferente sí lo contenía. EPM, en ejercicio de una conducta diligente y reglada en los documentos que conforman el proceso, adelantó la verificación de esta con el proponente y directamente con la aseguradora. Este procedimiento de validación lo efectuó también con otras empresas participantes que se encontraban en lista de elegibilidad, dando como resultado el rechazo de dos de estas que no cumplían con la póliza exigida”, añadió la compañía.
En ese sentido, EPM se mantuvo en estar respetando las garantías de todos los competidores e incluso señaló que el pasado 2 de agosto entregó a la Personería de Medellín una solicitud de vigilancia administrativa preventiva, con miras a reforzar la transparencia y la objetividad del proceso.
Según se lee en el informe de análisis y conclusiones, las empresas que quedaron en la recta final tanto para el Grupo 1 como 2 son S.O.S. Seguridad, Compañía de Servicios de Vigilancia Privada Polilla y Portilla (Coser), y Vigilancia Santafereña y Cia Ltda.
Con base en las ofertas entregadas, S.O.S. Seguridad fue la que entregó el valor más bajo para ambos grupos, con un valor de $46.370 millones para el Grupo 1 y de $73.744 millones para el Grupo 2.
Durante la elaboración de este artículo, este diario volvió a comunicarse con la línea de atención telefónica de S.O.S. Seguridad para conocer su versión frente al tema. La operadora telefónica precisó que el requerimiento periodístico debía realizarse vía correo electrónico. Tras hacer la solicitud por ese medio, hasta el cierre de esta edición no se había obtenido respuesta.
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