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La reciente declaración de Emergencia Económica y Social por parte del Gobierno nacional ha sumido al escenario político colombiano en una situación de alta tensión institucional. El Congreso de la República, ante el sorpresivo anuncio, optó por suspender el habitual receso legislativo de fin de año, con el fin de ejercer control político inmediato. Esta reacción inmediata tuvo lugar tras la expedición del Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, con el que se oficializa el estado de emergencia por 30 días consecutivos.
En el Senado, la medida generó inquietud, especialmente en su presidente, Lidio García. El dirigente liberal manifestó su desacuerdo con la oportunidad y el contenido del decreto gubernamental, señalando que la decisión llega en un período marcado por la vacancia judicial y legislativa, lo cual, en su criterio, afecta el delicado equilibrio de poderes entre las ramas del Estado. García recordó que esta acción contradice las promesas realizadas por el presidente Gustavo Petro durante su campaña presidencial, en las que se comprometía a respetar la autonomía legislativa.
Según García, el Gobierno emitió la declaratoria de emergencia poco después del hundimiento de la ley de financiamiento, que buscaba recaudar recursos superiores a 16 billones de pesos a través de nuevas medidas fiscales. El presidente del Senado interpretó este movimiento como un desconocimiento de la voluntad del Congreso, expresada precisamente en el trámite y rechazo de dicha ley. De acuerdo con su postura, la situación se ha convertido en un punto de fricción respecto a la independencia legislativa.
La decisión del Congreso, entonces, fue clara: a partir del 26 de diciembre se programarán debates de control político, aprovechando la convocatoria a sesiones extraordinarias que estaban previstas, en principio, para el estudio de ascensos en la Fuerza Pública. Con ello, las vacaciones legislativas quedaron pospuestas y el debate público tomó fuerza durante plenas festividades decembrinas.
Lidio García argumentó que “el control político no tiene vacaciones”, y subrayó que según la Constitución, solo hechos extraordinarios pueden justificar una declaratoria de emergencia que impacte de modo grave e inminente el orden económico y social. Por ello, advirtió que proponer nuevos impuestos en plena temporada de fin de año representa un golpe considerable para los ciudadanos.
Por otro lado, el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, anunció que presentará la citación formal al debate, recordando que la función de control político corresponde al Congreso de manera permanente. El Gobierno, sin embargo, expresó inconformidad: el ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó la premura y recordó que el Ejecutivo debe presentar primero el informe oficial exigido por la Constitución y la Ley 137 de 1994 antes de responder a los interrogantes del legislativo.
El Ejecutivo indicó que atenderá la citación tras cumplir los requisitos legales, mientras que los sectores críticos presionan para que el debate se realice presencialmente antes de que finalice el mes de diciembre. Por su parte, la Corte Constitucional comunicó que empezará la revisión de la medida a partir del 10 de enero de 2026, una vez culmine la vacancia judicial, prolongando así una confrontación institucional que ha hecho de este receso legislativo uno de los más controversiales y políticamente cargados de los últimos años en Colombia.
¿Qué implica una Emergencia Económica y Social en Colombia?
La declaración de Emergencia Económica y Social es una figura contemplada en la Constitución de Colombia, que permite al Gobierno adoptar medidas excepcionales cuando se presentan hechos graves e imprevistos que alteran la normalidad económica o social del país. Bajo esta figura, el Ejecutivo puede expedir decretos con fuerza de ley durante un período limitado, a fin de enfrentar y resolver la situación que motiva la emergencia, siempre bajo la revisión posterior de la Corte Constitucional.
Este mecanismo es relevante, ya que suele conllevar decisiones rápidas que pueden modificar la legislación vigente sin pasar por el procedimiento ordinario del Congreso, afectando directamente el equilibrio de poderes y la dinámica política. Por lo tanto, el anuncio de un estado de emergencia suele ser motivo de intenso escrutinio institucional y produce debates públicos sobre su pertinencia y alcance.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?
El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.
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