Las víctimas del acto de retoma del Palacio de Justicia, tras la arremetida del grupo armado ilegal del M-19, exigieron verdad, justicia y reparación tras la desaparición y muerte de sus familiares, durante la audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra el coronel (r), Jesús Armando Arias Cabrales.
El militar en retiro, quien por ese entonces fue comandante de la Brigada número 13, fue requerido para que entregue su aporte sobre los hechos que sucedieron en el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando se produjo uno de los hechos más violentos en la historia del país.
(Vea también: Luego de 37 años, reconocen a víctimas de desaparición por toma del Palacio de Justicia)
René Guarín, familiar de una de las víctimas, Cristina del Pilar Guarín, quien despareció en el hecho, habló en ‘El Radar’ de Blu Radio sobre lo que ocurrió en aquella jornada. Y dio sus impresiones de lo que fue ese primer encuentro del alto oficial ante la jurisdicción.
“Esto es la prolongación de un comportamiento que ha tenido el Estado durante 37 años con el caso, negacionismo, que no hubo desapariciones y lo que sucedió una entrega equivocada de entrega de restos óseos de los muertos”, refirió Guarín, quien no quedó conforme con lo declarado con Arias Cabrales.
Guarín indicó que a la audiencia ante la JEP del alto militar fue con cierto grado de escepticismo, pero a la vez de esperanza. No obstante, se decepcionó luego de escuchar su relato. “Él ya pasa de los 80 años. Pero él dice que no tuvo nada que ver, es el mismo trato que ya ha tenido el Estado en estás décadas”, agregó.
E hizo énfasis en que el caso de su familia no corresponde a un error en la entrega de restos de su hermana caída en medio de la confrontación. Sino que fue sacada con vida del Palacio y posteriormente ultimada.
“Consideramos que nuestros familiares fueron subidos a una camioneta (…) Los cuerpos hablan y dentro de los 11 huesos que nos entregaron los expertos nos dijeron que tenía la tercera vértebra dorsal rota. Primero fue asesinada y luego fue dejada para ser quemada”, señaló.
Desde su perspectiva, Arias Cabrales no dice todo lo que sabe debido a que siente “gran temor de Iván Ramírez Quintero (comandante del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia –COICI) y la gente de inteligencia. Dijo que su familia había salido del país y es falso. Su hijo es director de la DIMAR, él, además de mentir, siente temor”, afirmó.
A su vez, fue crítico con los testimonios que se están dando a conocer en la jurisdicción, pues no aportan mayores elementos de verdad.
“No solo con el Palacio de Justicia sino con otros crímenes de Estado. Esa información reposa en los archivos de inteligencia y es necesario que las victimas nos apropiemos de esa información y se lo exijamos al actual presidente, que sea desclasificada y conocida”, recalcó Guarín, quien añadió que está diligencia tendrán que hacerla las organizaciones de víctimas.
Cabe destacar que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), encargada de esa documentación histórica del Estado, desde la época de la Central de Inteligencia, desapareció en 2010. Desde entonces, esta reposa en cajas sin que se le dé, según el denunciante, ningún manejo.
Para Guarín, la liberación de los archivos de inteligencia dependerá de una voluntad política y jurídica, atada al presidente Gustavo Petro. Pero si eso no se logra, considera que se puede hacer el trámite a través de la JEP, a través de la Comisión de la Verdad, con el padre Francisco De Roux.
“Es necesario desarchivar los documentos de inteligencia, en especial del DAS”, finalizó René Guarín, en relación con los documentos que están en el Archivo General de la Nación y que son de dominio de la Central de Inteligencia.
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