Por: El Colombiano

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Este artículo fue curado por pulzo   Abr 7, 2026 - 7:03 pm
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Gustavo Adolfo Pérez Peña, conocido en el mundo delincuencial como ‘El Montañero’, encarna uno de los casos más complejos y polémicos dentro de la lucha contra el crimen organizado en Colombia. Su historial judicial está marcado por repetidas condenas y detenciones: ha estado recluido en prisión en cuatro ocasiones, enfrentando cargos tan graves como homicidio, concierto para delinquir, hurto, cohecho, falsedad en documentos públicos y porte ilegal de armas. Sin embargo, de acuerdo con los seguimientos de prensa, entre ellos EL COLOMBIANO, su paso tras las rejas ha sido breve, pues siempre termina recuperando la libertad sin cumplir la totalidad de las condenas impuestas por los jueces.

El caso más reciente que rodea a Pérez Peña involucra una controversial decisión de las autoridades: el gobierno de Gustavo Petro y la Fiscalía General de la Nación le concedieron la suspensión de una orden de captura que pesaba en su contra por un asesinato cometido en una cárcel de máxima seguridad. Este beneficio le fue otorgado bajo el argumento de que debía convertirse en vocero de paz en las mesas de diálogo con bandas criminales del Valle de Aburrá. La medida provocó un amplio rechazo, especialmente desde la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y diferentes sectores de la oposición, que cuestionan la pertinencia y los riesgos de habilitar a cabecillas criminales como interlocutores del Estado, más aún en un contexto electoral.

Desde el año 2001, según reportes de EL COLOMBIANO y archivos de la Rama Judicial, Pérez Peña ha utilizado otras identidades —Luis Rodrigo Rodríguez Rodríguez y Juan Camilo Hernández Berrío— valiéndose, según las reseñas judiciales, de conexiones corruptas en instituciones como registradurías y notarías. Su historial incluye fugas de prisión, como ocurrió el 7 de octubre del 2000 en San Quintín, y detenciones reiteradas en Medellín, Bello y Bogotá, por delitos violentos y asaltos a vehículos blindados dedicados al transporte de valores.

Uno de los episodios más sonados sucedió en 2003, cuando la banda ‘El Mesa’ orquestó un asalto que derivó en un tiroteo con la Policía Judicial Sijín. El propio Pérez Peña fue condenado junto a otros miembros, inicialmente, a más de 26 años de prisión. Sin embargo, solo permaneció nueve años bajo custodia, beneficiándose posteriormente de libertad condicional. Sus reincidencias incluyeron delitos de microtráfico y nuevos arrestos.

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La última condena firme lo mantuvo en prisión desde 2019, hasta que, como parte de la política de ‘Paz total’ impulsada por el gobierno Petro, le habilitaron nuevamente la libertad en marzo de 2024, tras solo cuatro años y cinco meses de cumplimiento efectivo de una pena de ocho años. Al ser designado vocero de los grupos armados del Valle de Aburrá, la Fiscalía suspendió la orden de captura por el homicidio de Alejandro Mazo Pulgarín, conocido como ‘Titi’, durante una riña en la cárcel de Cómbita en 2020. Esta suspensión, posteriormente mantenida solo para siete miembros tras revisión, ha puesto en entredicho la capacidad de las autoridades para enfrentar el crimen sin verse atadas por decisiones político-judiciales.

Las repercusiones de este caso se hicieron sentir especialmente en Bogotá, donde recientemente fueron detenidos 23 integrantes de la banda ‘El Mesa’, incluidos varios sicarios. El alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, expresó públicamente su inconformidad, resaltando la aparente contradicción entre los esfuerzos policiales y judiciales por detener la acción delincuencial y la liberación de quien comanda esas estructuras.

¿Cómo funciona el mecanismo de voceros de paz en Colombia?

En el contexto colombiano, el mecanismo de voceros de paz permite que personas privadas de la libertad, pertenecientes o asociadas a estructuras criminales, sean designadas como representantes en mesas de diálogo con el gobierno. El propósito de esta figura es generar procesos de desmovilización y negociaciones orientadas a la pacificación de territorios, bajo estricta vigilancia judicial y política. Sin embargo, la selección de estos voceros ha sido fuertemente cuestionada cuando involucra a individuos con procesos judiciales aún vigentes —como el caso de Pérez Peña—, sobre todo si existen crímenes graves aún no sancionados.

Este mecanismo, aunque impulsado con el objetivo de buscar la paz y la disminución de la violencia, enfrenta resistencias tanto políticas como sociales. Las críticas apuntan al riesgo de que se revictimice a la sociedad y se envíe un mensaje de impunidad. El caso de ‘El Montañero’ vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la legitimidad, eficacia y límites éticos de este tipo de decisiones en la lucha contra el crimen en Colombia. ¿Puede la designación de voceros de paz realmente contribuir a la paz, o tiene el potencial de obstaculizar la justicia y la seguridad ciudadana?


* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.

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