Los políticos en Colombia hablan con frecuencia de la importancia de la educación. En sus campañas para ocupar un cargo de elección popular mencionan una y otra vez que impulsar la educación es una de las herramientas fundamentales para el progreso.
Gratuidad en las universidades, construcción de colegios, buscar un camino para aliviar las deudas con el Icetex o acabar con los eternos problemas del Programa de Alimentación Escolar son algunos de los temas que salen a flote cuando están en búsqueda de votantes. Pero, ¿qué tanto tienen en cuenta los asuntos educativos a la hora de legislar?
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Esta fue una de las preguntas que buscó resolver el Observatorio de Gestión Educativa, de la Fundación Empresarios por la Educación. Sus investigadores acaban de publicar un informe en el que analizan la labor que llevaron a cabo quienes fueron congresistas entre 2018 y 2022. Un par de cifras pueden resumir la respuesta: de las 2.941 iniciativas que se discutieron, solo 242 tenían que ver con temas educativos, es decir, un 8,2 %. De esa cantidad, únicamente 33 proyectos terminaron convertidos en una ley.
De hecho, como lo muestran los datos recopilados por el Observatorio, la mayoría de proyectos (el 77 %) fueron discutidos, terminaron archivados o retirados. La mitad se hundieron en primer debate y solo el 9 % continuarán su trámite en el período que acaba de empezar.
Como lo indica la gráfica que acompaña este texto, los partidos políticos que más presentaron proyectos relacionados con la educación en Colombia fueron el Liberal (65), el Centro Democrático (65), el Partido de la U (60) y el Conservador (56). Los que menos presentaron fueron Mira (5), AICO (1), MAIS (1) y Dignidad (1), aunque hay que tener en cuenta que tenían un número mucho menor de congresistas.
El tema que más tuvo eco en esos proyectos fue la educación superior. El 48 % de las iniciativas tenían que ver con ella, pero hubo algunos asuntos específicos en los que se centró la discusión. Uno de esos fue la aprobación de estampillas, un mecanismo de financiación para las universidades públicas. Por otra parte, el 45 % de los proyectos fueron sobre educación preescolar, básica y media y su enfoque estuvo, advierte la Fundación Empresarios por la Educación, en la creación de nuevas cátedras.
A los ojos de Andrea Escobar, directora de esa entidad, ese no es el camino correcto para mejorar la calidad de la educación en los colegios. “Si bien es importante mantener una discusión constante sobre los currículos, ese no necesariamente es el camino para mejorar la calidad de estos niveles educativos, pues no apuntan a transformaciones estructurales del sistema. Hay que pensar menos en cátedras y más en el modelo educativo mismo, allí es donde este nuevo Congreso tiene una oportunidad que no puede dejar pasar”, dijo por medio de un comunicado.
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Para ella, conocer de cerca la tarea que hicieron quienes pasaron por el Congreso entre 2018 y 2022 es importante para saber con qué temas puntuales pueden contribuir los nuevos senadores y representantes a la cámara. Una reforma al Sistema General de Participaciones para destinar más recursos a calidad educativa y los incentivos para llevar mejores docentes a las zonas más necesitadas deberían ser, dice, dos prioridades.
De acuerdo con el informe del Observatorio, otra de las tareas que le quedan al actual Congreso tiene que ver con analizar la extensión del preescolar o generar una articulación legal en las trayectorias educativas desde la primera infancia hasta superior. Además, se lee en sus conclusiones, es clave que ese organismo apoye al Gobierno “brindándole las herramientas para la recuperación y nivelación de aprendizajes, al igual que revisar la obligatoriedad de las pruebas Saber 359”.
Esto es central porque, tal y como lo hemos mostrado en varias oportunidades en estas páginas, la pandemia del COVID-19 causó una verdadera tragedia educativa, en la que miles de menores abandonaron las aulas y dejaron de estudiar por un tiempo prolongado.
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