Un nuevo período constitucional en el Congreso de la República empezó este miércoles, cuando el saliente presidente, Iván Duque, habló por última vez en el Salón Elíptico, en la instalación del Legislativo 2022-2026.

Todo arrancó con un panorama distinto: la derecha, con el Centro Democrático, que era mayoría y lideraba la bancada de gobierno, ahora será minoría y estará en la oposición. La izquierda, con el Pacto Histórico, que tuvo apenas cinco congresistas, ahora llega a disfrutar de las mieles del poder con 47 curules y un popurrí de alianzas políticas, que le permitirán tener mayorías, para respaldar las reformas que prometió el presidente electo, Gustavo Petro, quien asumirá el 7 de agosto. A pesar de las orillas en las que se encuentren, hay algo en común: los nexos con sus financiadores.

Cámara por Bogotá

La circunscripción de la ciudad, conformada por 18 curules (más una del Partido Comunes), iniciará sesiones con una situación que no se veía desde 2010: el partido de gobierno tenía siete de los 18 escaños, en ese entonces ocupados por el otrora poderoso Partido de la U, casa del expresidente Juan Manuel Santos.

Ahora el escenario se repite con el Pacto Histórico que, además de sacar siete representantes, contará con el apoyo de los tres de la Alianza Verde, uno de la Coalición Centro Esperanza, otro del Partido Liberal y seguramente el de Partido Comunes.

Esa atmósfera es reflejo de lo que ocurrirá en el pleno de la Cámara: una coalición que apoyará al gobierno integrada por 116 representantes, es decir, el 61 % de control en esa corporación. Porcentaje parecido al del Senado, donde tendrá el 58 % de los 108 senadores.

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Representantes por Bogotá

Por el lado del Pacto Histórico se destaca la reelección del representante David Racero y el regreso de Alirio Uribe Muñoz, abogado y defensor de derechos humanos, que ocupó una curul en el período 2014-2018.

Asimismo, María Fernanda Carrascal, activista e influenciadora; Gabriel Becerra, profesor universitario y secretario general de la Unión Patriótica; Etna Támara Argote, hija del concejal de Bogotá Álvaro Argote; María del Mar Pizarro, politóloga e hija del líder del M-19 Carlos Pizarro y hermana de la senadora María José Pizarro, y Heráclito Landínez Suárez, administrador público.

Por el lado de la Alianza Verde estarán Katherine Miranda, la más votada de su partido; Olga Lucía Velásquez, quien vuelve tras su pasó entre 2014 y 2018 bajo las toldas del Partido Liberal, y Catherine Juvinao, periodista e investigadora, que se estrenará en el Legislativo.

El Centro Democrático, que pasó de cinco a solo dos curules, tendrá a Andrés Forero Molina, exconcejal de Bogotá y miembro del equipo de trabajo de la senadora Paloma Valencia, y José Jaime Uscátegui, hijo del general en retiro Jaime Uscátegui y el único que repetirá curul.

Otros partidos tendrán de a un representante, como el Nuevo Liberalismo, que se abrió pasó con Julia Miranda, exdirectora de Parques Nacionales; la coalición Centro Esperanza, con Jénnifer Pedraza; el Partido Liberal, con Juan Carlos Losada; Mira y Colombia Justa Libres, con Irma Herrera; Cambio Radical, con la exconcejal de Bogotá Carolina Arbeláez, y la coalición del Partido de la U y el Conservador, con Juan Carlos Wills. A ellos se suma Carlos Carreño, del Partido Comunes.

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¿Con quién llegan endeudados?

Todos recibieron, en distinta medida, dinero de empresas y personas naturales para financiar sus campañas. Y si bien los montos son distintos y es completamente legal, las sumas de dinero pueden dar luces sobre los intereses que defenderán desde sus curules. El Espectador revisó los aportes económicos que los representantes reportaron ante el Consejo Nacional Electoral por contribuciones, donaciones y créditos de particulares para financiar sus aspiraciones.

En los resultados se encontró que los contratistas del Estado son los mayores mecenas de este grupo de congresistas, con 16 aportes (nueve de ellos de personas que han contratado con entidades del Distrito); seguidos por empresarios de distintos sectores económicos, con 13 contribuciones; las constructoras, con tres donaciones; los gremios y grandes organizaciones, con dos donaciones cada uno, y docentes, miembros de juntas directivas públicas y sindicatos, con un aporte respectivamente.

En las campañas de los representantes elegidos por el Pacto Histórico predominó la financiación de personas que han celebrado contratos con el Estado. David Racero recibió $ 6 millones de Lina María Collazos Botache, quien ha sido contratista de la Alcaldía Local de La Candelaria; $ 4 millones de Tania Catalina Acero Celis, quien celebró un contrato con la Cámara de Representantes este año; $ 3 millones de Pedro Elías Abaunza Burgos, beneficiario de un estímulo del Idartes (Instituto Distrital de las Artes) en 2021; $ 28 millones de Verner Ian Tibocha Camacho, contratista de la Contraloría de Bogotá en 2022, y $ 20 millones de Ómar Humberto Cortés Aranguren, contratista de la Procuraduría en 2015.

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Por otro lado, María Fernanda Carrascal, Gabriel Becerra, Etna Argote, Alirio Uribe, María del Mar Pizarro y Heráclito Lalíndez recibieron cada uno $ un millón de Myriam Barrios Garzón, quien se desempeñó como profesional universitaria y contratista de la Secretaría de Educación de Bogotá en 2018. Además, el representante Lalíndez recibió $  30 millones de Gilberto García Buitrago, contratista del Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas (Fogacoop) -adscrito al Ministerio de Hacienda- en 2018 y de la Agencia Nacional de Infraestructura en 2014.

Por las toldas de la Alianza Verde predominaron las contribuciones de contratistas del Distrito y empresarios. La cabeza de lista de ese partido, Katherine Miranda, recibió $ 100 millones de Carlos Arcesio Paz Bautista, empresario del sector de la harina en el Valle del Cauca y cuya familia es accionista de la Sociedad Portuaria de Buenaventura; $ 2 millones de Luis Santiago Perdomo Maldonado, empresario que ha pertenecido a la junta directiva de Ecopetrol y expresidente del Banco Colpatria; $ 15 millones de la empresa Inversiones TCP SAS -cuyos gerentes son Carlos Hernando Lovera Ospina y Jaime Eduardo Gómez Gómez, gerente Unidad de Envases y Empaques y director financiero de Alquería, respectivamente, y $ 40 millones de Alexandra Bandera Ortega, contratista del Jardín Botánico de Bogotá en 2020.

Y Catherine Juvinao, elegida con más de 45 mil votos, recibió $ 3 millones de Felipe Vegalara Peláez, gerente de la constructora Nexo Urbano SAS y miembro de la junta directiva de Finanzautos SA; $ 13 millones de Ana María Sánchez Ospina, quien se desempeñó como líder del equipo de Estrategia de la Alta Consejería de las Víctimas, en 2020; $ 4 millones de Diana Pilar Parada Espinosa, quien ha celebrado 11 contratos con entidades del Distrito, de los cuales dos están en ejecución y otros dos activos; $ 1,7 millones de Manuelita Sarmiento Villarraga, quien celebró cuatro contratos en 2020 con la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá; $ 49 millones de la compañía Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S., la cual asesoró y financió la campaña de Claudia López a la Alcaldía en 2019, y $ 3,2 millones de Nicolás Alexánder Ospina Hidalgo, contratista de la Secretaría de Hábitat en 2020.

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Andrés Forero, del Centro Democrático, recibió $ 15,2 millones de la azucarera Río Paila Castilla S.A.; $ 10,7 millones de la agencia colombiana Prisma VP S.A.S., especializada en visibilidad digital y marketing político, y $ 95,2 millones de Wimbu S.A.S., empresa de marketing digital. Por su parte, Julia Miranda, del Nuevo Liberalismo, tuvo como donante a la empresa HG & CIA S.A.S., representada legalmente por Helena Gutiérrez García, quien firmó un contrato con la Secretaría de Gobierno de Bogotá por medio de la empresa Esri Colombia en 2021.

Jénnifer Pedraza, de la coalición Centro Esperanza, reportó el aporte de $ 10 millones de Deledda Páez Vega, quien ha trabajado en la Contraloría de Bogotá en 2017 y 2018, ha sido miembro de la junta directiva del Consejo Nacional de Contadores Públicos y tesorera del Partido Dignidad; otro de $ 24,6 millones de Diógenes Orjuela, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, y uno más de $ 22,5 millones de Francisco Alfonso Torres Montealegre, profesor en Arauca en 2021.

Juan Carlos Losada, del Partido Liberal, también recibió $ 110 millones de Carlos Arcesio Paz Bautista, quien donó a la campaña de Katherine Miranda, y $ 15 millones de la Fundación Transformación Liberal, representada por su padre, el exsenador Ricaurte Losada, procesado en 1993 por la Corte Suprema de Justicia por peculado por extensión, en la modalidad de apropiación. Irma Herrera, de la coalición Mira-Colombia Justa Libres, declaró el ingreso de $ 350 mil de Diana Esperanza Castaño Montes, representante legal del Grupo Arks Premier SAS, empresa que ha sido contratista del Instituto para la Economía Social de Bogotá en 2019 y del Hospital Militar en 2021.

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Finalmente, en la campaña de Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, predominaron las empresas de bebidas y constructoras. Recibió, por ejemplo, $ 18 millones de Prodesa y Cía S.A., compañía del sector de la construcción, cuyo representante legal es Juan Antonio Pardo, miembro de la junta directiva de Camacol Bogotá; Postobón S.A. le donó $ 70 millones, y Bavaria & CÍA. S.C.A. le aportó $ 45 millones.

A sus financiadores se suman GGKB Holdings SAS, empresa de servicios de información, que le aportó $ 100 millones, y cuyo suplente de gerencia, Luis Eduardo Nieto, es miembro de la junta directiva de GNB Sudameris (Grupo Gilinski); la constructora Apiros, que le donó $27 millones y cuyo presidente, Jorge Luis López, también es miembro de la junta directiva de Camacol Bogotá, y Adminegocios S.A.S., compañía dedicada al comercio al por menor no realizado en establecimientos, le donó $81 millones. El gerente y el segundo gerente han sido miembros de la Fundación Luis Carlos Sarmiento Angulo.

Si bien de las donaciones y aportes de los privados viven la mayoría de los candidatos a cargos de elección popular y son completamente legales, estas son una herramienta que la ciudadanía tiene para hacer veeduría al trabajo de los congresistas y qué intereses van a defender con sus decisiones y votos que, a la larga, terminarán afectando a todos los colombianos y no solo a sus financiadores.

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