La edificación cuenta con cuatro pisos y está ubicada en la carrera 27B BIS #67-80, en el occidente de la capital del país. Desde diciembre de 2021 fue ocupada ilegalmente, presuntamente, por Mariano Barbosa y Elizabeth Quimbaya, quienes estarían subarrendándolo.
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Según contó a Pulzo Jorge Latorre, nieto de Margarita Margot Luengas de Ulloa, dueña del edificio, estas personas arrancaron los avisos de arrendamiento de la inmobiliaria Ernesto Sierra y CIA y tomaron posesión, procediendo a alquilar los locales del primer piso y demás infraestructura.
“Mi tía [quien administraba el inmueble] se enteró de que habían tomado posesión del edificio porque una persona del sector la consultó para tomar en arriendo un local. Él le dijo que ya había gente allí, ella fue y se dio cuenta de que se habían metido. Ya habían cambiado guardas y no pudo entrar”, explicó Latorre.
La familia buscó ayuda policial y legal a través de la Inspección de Policía 12A de Barrios Unidos, quienes desde 2021 hasta abril de 2023 han cambiado de inspector cuatro veces, los cuales han postergado y dilatado la diligencia.
El hombre explicó que, aunque se encontró con inspectores diligentes, no ha tenido el apoyo necesario para expulsar a las personas que, según él, se metieron ilegalmente al edificio.
El pasado 28 de marzo, teniendo audiencia citada con anterioridad, la inspectora Yeimy Ivonne García Parra reprogramó la diligencia para el próximo cuatro de septiembre. El plazo es larguísimo y preocupa de sobremanera a la familia.
“Esta decisión dejó entrever intereses y favorecimiento a los invasores quienes están usufructuando el inmueble y están vulnerando los derechos de mi abuela como única propietaria del edificio y quien hoy a sus 91 años se ve afectada en su estado de salud y psicológicamente por el atropello, que tanto los invasores como la ineficiencia de la inspección de policía 12A han tenido para restituir el predio”, aseguró Latorre.
Ha sido tal la afectación que la propietaria del edificio ha visto su salud deteriorada. “Mi abuela es otra persona. Creo que uno dice interdicta. Hoy en día no está en capacidad de nada; se deterioró y está mal de salud”, dijo Latorre sobre el estado de su abuela, afectada por la invasión a su predio.
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Pulzo hizo las diligencias pertinentes para conocer el motivo de los aplazamientos de las audiencias. Sin embargo, la inspectora García —encargada del caso— no respondió a ninguna de las comunicaciones.
Del mismo modo, ante la Secretaría de Gobierno fue radicada una solicitud de información del proceso 2021623490104144E. No obstante, a día de hoy no ha sido contestada.
La preocupación de la familia es que las postergaciones son constantes y ha sentido poco respaldo de las autoridades, ya que el problema inició en 2021 y nada que les solucionan. “Siempre han sido inspectores temporales; están seis meses y se van. Entonces, cuando deben tomar decisiones, llega el nuevo, que dice que tiene que leer el caso para no vulnerar los derechos de nadie”, agregó Latorre.
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