Este lunes, el número dos del régimen de Venezuela, Diosdado Cabello, vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido (PSUV), expresó su deseo de que Colombia extradite a Venezuela a opositores que están solicitados por la justicia de ese país, a los que el régimen señala como “asesinos” o “ladrones”.

“Una cantidad de gente que está por allá, que Venezuela está solicitando en extradición, que sean detenidos y enviados a Venezuela por delitos cometidos contra nuestro país. Tienen hasta asesinos por allá resguardados, ladrones”, dijo Cabello en una conferencia de prensa, con aire de certeza y triunfalismo ante la llegada de Gustavo Petro al poder.

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Cabello recordó que las relaciones diplomáticas entre ambos países se están normalizando, un paso que, según él, es fundamental para que la justicia binacional “pueda comenzar a funcionar”.

Aunque el oficialista no nombró a nadie directamente, aseguró que existen varios dirigentes opositores viviendo en Colombia que serán juzgados en ambos países. “Todo es cuestión, pues, de voluntad política”, subrayó.

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El considerado número dos del chavismo explicó que la Fiscalía, la Cancillería y otros “organismos competentes” de Venezuela ya están “haciendo las reuniones pertinentes para que esta gente que tiene cuentas pendientes con la Justicia venga a rendirlas”.

Su tono develó una suerte de anuncio de cacería de brujas en Colombia, sin contar con lo que pudiera pensar el Gobierno de Petro que recién comienza y que, si bien es de izquierda, también juró “cumplir firmemente la Constitución y las leyes de Colombia”.

“Tengo la impresión de que la justicia colombiana va a comenzar a actuar ahorita […]. Por eso es que ya no queda ninguno, se desaparecieron. Tú preguntas dónde están y nadie se atreve a decir dónde están. [Pero] El largo brazo de la justicia les va a llegar”, añadió amenazante.

Sin embargo, en las últimas horas, el presidente Petro le respondió a Cabello con un mensaje claro, lapidario, que está en consonancia con el juramento que hizo al posesionarse: “Colombia garantiza el derecho de asilo y el refugio”, le aclara el mandatario colombiano a Cabello, remarcando al mismo tiempo las diferencias que hay entre una democracia y un régimen dictatorial a la hora de garantizar los derechos humanos.

La semana pasada, la Fiscalía venezolana ratificó la continuidad de una investigación penal contra 23 personas acusadas por usurpación de funciones, legitimación de capitales y asociación para delinquir, luego de haber sido nombradas como parte de una directiva paralela de la petroquímica estatal Monómeros, con sede en Colombia.

El control de la empresa, filial de la estatal petrolera PDVSA, está en pugna entre el Ejecutivo de Nicolás Maduro y el opositor Juan Guaidó, a quien Colombia reconocía como presidente interino de Venezuela hasta este mes, cuando Petro asumió el mando en la nación andina.

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