Pocos días después de que comenzara el paro nacional en Colombia, el pasado 28 de abril, una clase virtual de la Universidad del Rosario se vio alterada por un hecho que en horas se viralizó y llamó la atención del país.
El profesor de Jurisprudencia de ese claustro Édgar Ramírez Baquero le pidió a una de sus alumnas, María Camila Guerrero, que bajara una foto de su perfil que aludía a las protestas con el mensaje “Que difícil estudiar mientras matan a mi pueblo”. Para la estudiante, lo que hizo el profesor fue censurarla.
Ramírez Baquero reclamó respeto por su clase, pues al contenido de ese día no quería “meterle otros temas”, una afirmación que, sin que lo mencionara él, invocó la libertad de cátedra consagrada en la Constitución. En todo caso, la universidad lo despidió poco después, y ofreció “disculpas” a la estudiante, a la que le ofreció acompañamiento integral a través de los canales de la institución.
Casi un mes después, 47 colegas de Ramírez Baquero le enviaron una carta al rector de esa universidad, Alejandro Cheyne García, para expresarle su “profunda preocupación” por lo que denominan “esta clase de ‘juicios sumarios’ que se han venido dando” y de los cuales, dicen, fue objeto el profesor Ramírez Baquero.
La situación podría incluso superar el debate puramente académico, ya que, para los firmantes de la misiva, “se pasó por alto” el derecho de defensa y contradicción (“uno de los más caros principios de nuestra administración de justicia […] que le pertenece a cualquier persona y que evita condenas públicas sin fórmula alguna de juicio y por fuera de lo establecido, no sólo en la Constitución y las leyes de nuestro país, sino en el propio Estatuto del Profesor”).
El hecho, según los profesores que respaldan a Ramírez Baquero, “afecta e intranquiliza profundamente a los docentes” del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. “La ‘justicia mediática’ y las condenas en redes sociales quedarán para siempre y perdurarán en las peores condiciones para quienes las padecen: sin contexto alguno y sin contar con el derecho a la más mínima defensa del afectado”, lamentan los docentes en otro aparte de su carta.
Si bien los profesores expresan su respaldo a la universidad para que adelante las investigaciones y sancione a los profesores y alumnos que con su conducta violenten los reglamentos y normas que rigen la actividad docente y estudiantil, también advierten que eso se debe hacer “siempre sobre la base de los principios del debido proceso, la imparcialidad y la sujeción a las normas y canales institucionales”.
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“De otra forma, las medidas que tome nuestro Colegio carecen de fundamento, legitimidad y contravienen los principios que se han defendido históricamente en nuestro Claustro”, advierten, y aseguran que los comunicados en los que la universidad tomó las decisiones el caso del profesor Ramírez Baquero “tristemente, no reflejan de manera alguna el reconocimiento y apoyo que el Claustro debe darle a su cuerpo docente”.
Pero no reclaman solo por eso. También, “con tristeza e indignación” llaman la atención sobre el comunicado que emitieron estudiantes y egresados de Antropología de esa universidad, en el que se apoya y celebra la destrucción del monumento a Gonzalo Jiménez de Quesada por parte de los indígenas misak, ubicado en la Plazoleta del Rosario.
Reprochan que la universidad, en este caso, no “hubiera hecho pronunciamiento alguno ni se hubiese iniciado, según tenemos entendido, un proceso disciplinario por las posibles faltas contra el Reglamento Académico de la Universidad, acciones que solicitamos adelantar. No se pueden amparar las vías de hecho y la violencia”.
Con todo, se declaran en disposición para “debatir ideas a través de una metodología que permita llegar a conclusiones puntuales que eviten una discusión abstracta y etérea que no conduce a nada. Somos conscientes de nuestro rol y este es el momento ideal para reivindicarlo, por lo que esperamos su pronta convocatoria”.
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