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Luego de una jornada de plantón y la suspensión temporal de clases en Valledupar, quedó trazada una nueva ruta para resolver la deuda por la prima de antigüedad a cerca de 900 docentes y administrativos. El alcalde Ernesto Orozco, junto con los directivos de los sindicatos Aducesar (Asociación de Educadores del Cesar), Fecode (Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación) y Asomate, acordaron un mecanismo para garantizar el pago adeudado, permitiendo así el retorno a la normalidad académica tras horas de protesta. La exigencia del magisterio se sostiene en la afectación económica y social por una deuda que, según su relato, se remonta a más de siete años de incumplimientos.
Desde tempranas horas, la protesta se instaló frente a la Alcaldía con la interrupción de la jornada escolar. Docentes y administrativos se movilizaron para presionar una respuesta institucional. “Lamentamos interrumpir la jornada escolar, pero fue necesaria para atender el llamado de la Junta Directiva”, manifestó Leonardo Hoyos, directivo y tesorero de Aducesar, quien también subrayó la falta de voluntad política para recibirlos en audiencia. Durante meses, los maestros aseguraron que solicitaron encuentros formales con el mandatario y la administración local sin obtener respuestas, forzando así la decisión de una movilización pacífica.
En el diálogo con la administración municipal, los líderes sindicales reiteraron que la suspensión de la prima de antigüedad no solo les había arrebatado a los beneficiarios el 35% de sus ingresos mensuales, sino que la medida afectó de manera particular a docentes mayores, entre 55 y 65 años, algunos ya fallecidos sin haber recuperado tal derecho. El valor mensual dejado de percibir por cada maestro supera los dos millones de pesos, agravando su economía y calidad de vida. La normalización de este pago constituye, además de una exigencia salarial, un reclamo de justicia con quienes dedicaron su vida a la enseñanza en el municipio.
El acuerdo alcanzado establece la gestión conjunta ante el Gobierno Nacional a fin de definir la fuente de financiación, señalando al Sistema General de Participaciones (SGP) ―mecanismo nacional de asignación de recursos― como vía para cubrir la deuda, tal como lo fue en el reconocimiento inicial de la prima. El alcalde se comprometió a tramitar audiencias con los Ministerios de Educación y Hacienda para exponer la situación financiera de Valledupar y procurar respaldo para el pago. Aducesar y la administración local firmarán de manera conjunta la solicitud de audiencia, lo que para los líderes sindicales constituye un avance en la interlocución formal que venían exigiendo.
El levantamiento del plantón y la reanudación de clases no implican, sin embargo, la renuncia a la reclamación de los derechos. Los educadores enfatizaron que su vigilancia y exigencia continuarán en los escenarios institucionales y nacionales, atados al cumplimiento del compromiso asumido. La movilización, en palabras de Hoyos, queda suspendida, pero la lucha persiste mientras no haya resultados concretos a favor de los casi 900 afectados por la suspensión de la prima de antigüedad.
¿Cómo afecta la suspensión de la prima de antigüedad a la vida de los maestros de Valledupar?
La suspensión de la prima de antigüedad, reconocida inicialmente por el municipio y luego congelada, representó la pérdida de cerca del 35% del salario mensual para los docentes y administrativos beneficiarios. Esta situación no solo impacta el bolsillo del magisterio, sino que repercute en su calidad de vida, especialmente entre quienes acumulan décadas de servicio y están próximos a la jubilación. De acuerdo con los directivos sindicales citados, muchos maestros mayores han afrontado dificultades económicas y de salud, algunos incluso falleciendo sin haber vuelto a recibir ese ingreso, lo que suma un componente de reclamo moral y de justicia histórica en su exigencia.
Por su parte, la reanudación del diálogo con la administración y la gestión ante el Gobierno Nacional se perciben como una oportunidad para reparar el daño ocasionado y garantizar una vejez digna para los educadores afectados. Así, la resolución de este conflicto sigue pendiente de las gestiones institucionales y de la voluntad política para encontrar una solución sostenible a una problemática que permanece abierta en la agenda pública del municipio.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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