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Nilson Fabián Castellanos Rodríguez, director del departamento de Jurídicas de la Universidad de Caldas, presenta un panorama detallado sobre la situación de los derechos humanos en Manizales en el marco del Día Nacional de los Derechos Humanos. El experto diferencia dos grandes conjuntos de derechos: por un lado, los civiles y políticos, y por otro, los económicos y sociales. Según Castellanos, Manizales ha alcanzado notables avances en derechos civiles y políticos, donde se preservan libertades fundamentales como la expresión y la movilización ciudadana, aspectos que resultan poco frecuentes en otras regiones del país.
No obstante, el análisis revela significativas tensiones en los derechos económicos y sociales, que suelen manifestarse en urbes latinoamericanas. Un caso relevante involucra el uso de los espacios públicos: debates en la ciudad han surgido a raíz de ciertas decisiones de infraestructura vial que afectan parques y áreas verdes, poniendo en entredicho el respeto a derechos sociales vitales. Así, las políticas de ordenamiento territorial, aunque orientadas al desarrollo, pueden vulnerar la dimensión social de los derechos humanos. Del mismo modo, la prestación de servicios esenciales como salud y educación enfrenta desafíos; por ejemplo, la educación superior aún no tiene reconocimiento como derecho fundamental en Colombia, lo que dificulta el acceso equitativo y limita el impacto potencial en ciudades universitarias como Manizales.
Otro aspecto crítico señalado por Castellanos es la situación de la vivienda. La expansión urbana ha dado lugar a los llamados “centros de expulsión”, sectores periurbanos donde se concentra la marginalidad y se evidencia la carencia de vivienda digna. La construcción de Vivienda de Interés Social (VIS), con apartamentos de dimensiones reducidas, refuerza esta problemática, al afectar de manera directa la calidad de vida y representar, desde su perspectiva, una forma de violencia habitacional.
En el terreno educativo, la denominada matrícula cero refleja, en apariencia, una medida de ampliación de acceso a la universidad, pero la disminución en el número de estudiantes universitarios evidencia una percepción limitada del valor de la formación académica como medio de progreso social y laboral. Esta brecha entre educación y mercado laboral, identificada igualmente por estudios de la OCDE, contribuye a la llamada “fuga de talento” y restringe las oportunidades reales para los jóvenes en la ciudad.
A nivel nacional, la persistente violencia contra líderes sociales en Colombia constituye un fenómeno estructural presente en otras realidades posconflicto. Pese a la firma de acuerdos de paz, la violencia estructural sigue intacta, alimentada por factores como el narcotráfico, la llegada de bandas criminales y la reincidencia del sicariato en ciudades como Manizales. Castellanos subraya la necesidad de abordar causas profundas, no solo mediante operativos policiales.
En el contexto internacional, la crisis de legitimidad de los mecanismos globales de protección a los derechos humanos preocupa a Castellanos, evidenciada por hechos como la impunidad ante genocidios en Yugoslavia y Ruanda, y la falta de ejecución de órdenes de captura internacionales, como las emitidas contra Benjamin Netanyahu y Vladimir Putin. El experto alerta sobre posibles contradicciones entre los principios universales y las soluciones armadas, un desafío vigente para la efectividad del sistema internacional.
Adicionalmente, Castellanos advierte sobre la posible gentrificación de Manizales tras el reconocimiento de ONU-Hábitat para América Latina y el Caribe. Este fenómeno, asociado al auge turístico, puede transformar la ciudad y profundizar las divisiones sociales mediante el desplazamiento de los sectores más vulnerables y la redefinición de los usos urbanos.
El análisis cobra peso frente a estudios del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat, 2023), la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2024) y la OCDE (2022), los cuales enfatizan la importancia de la vivienda digna, el acceso efectivo a la salud y la alineación entre educación y mercado laboral. Asimismo, la gravedad de las violaciones estructurales ha sido reiterada por organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, reforzando la necesidad de un enfoque integral en la defensa de los derechos humanos a nivel local y global.
¿Qué es la gentrificación y por qué afecta los derechos humanos urbanos?
La gentrificación se refiere a la transformación de espacios urbanos tradicionales a partir de la llegada de nuevos residentes y la intervención de industrias como el turismo, lo cual, en muchos casos, eleva el valor del suelo y provoca el desplazamiento de comunidades históricamente asentadas en dichas zonas. En el contexto de Manizales, esta problemática cobra relevancia tras su reconocimiento por parte de ONU-Hábitat, pues pueden generarse tensiones sociales y una mayor polarización en el acceso a servicios y vivienda digna.
El fenómeno de la gentrificación pone en riesgo derechos fundamentales de quienes habitan estas áreas, ya que no solo altera la composición social y cultural de las comunidades, sino que además puede restringir el acceso a servicios básicos y espacios públicos, generando nuevas dinámicas de exclusión social. Entidades como el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos han advertido sobre la importancia de fortalecer políticas públicas que protejan a los sectores más vulnerables en procesos de transformación urbana.
¿Por qué la educación superior en Colombia no es considerada un derecho fundamental?
El reconocimiento de la educación superior como derecho fundamental implica su garantía universal y exigibilidad judicial inmediata por parte de todos los habitantes, algo que, actualmente, la Constitución colombiana no contempla explícitamente para este nivel educativo, a diferencia de la educación básica. Esta omisión limita el acceso, especialmente entre jóvenes de contextos vulnerables, y reduce el impacto formativo y de movilidad social de la universidad en ciudades con alta presencia estudiantil, como Manizales.
La ausencia de este reconocimiento constitucional favorece barreras económicas y burocráticas que restringen el acceso democrático a la educación superior. Organismos como la OCDE han evidenciado que la falta de articulación entre la oferta educativa y el mercado laboral profundiza la desigualdad y limita las oportunidades de desarrollo profesional y personal, afectando, en última instancia, los derechos sociales vinculados al trabajo y el bienestar.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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