Otra controversia se suma a los cuestionamientos que sacuden al sector salud y esta vez tiene que ver con presuntas presiones internas para direccionar contratos en un hospital público de La Guajira. El señalamiento apunta a Beatriz Gómez Consuegra, superintendente delegada para Prestadores de Servicios de Salud y esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, también envuelto en polémicas por sus declaraciones sobre el hospital de Itagüí.
Según la denuncia anónima conocida por Infobae, funcionarios de hospitales públicos fueron citados a una reunión en la que se habría limitado la movilidad de los asistentes hasta que firmaran un compromiso para adelantar compras conjuntas. Los denunciantes describieron un ambiente de vigilancia permanente, con restricciones de ingreso y salida, lo que fue interpretado como un mecanismo de presión para forzar decisiones contractuales.
El medio citado detalló que las instrucciones impartidas durante ese encuentro habrían sido claras: las adquisiciones de medicamentos e insumos médicos solo podían concretarse mediante compra directa con el Hospital de Maicao, dejando por fuera la figura de la licitación pública. Uno de los participantes aseguró que no se permitió ningún otro mecanismo y que las minutas contractuales favorecían acuerdos previos entre el hospital y determinados proveedores.
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Algunos asistentes manifestaron que este esquema no era nuevo y que situaciones similares ya se habían presentado en abril de 2025. La reiteración de estas prácticas reforzó la percepción de un patrón de conducta que excluía la competencia abierta y concentraba las compras en acuerdos cerrados, lo que alimentó sospechas sobre eventuales conflictos de interés.
El medio también reveló la existencia de un video difundido en redes sociales, en el que se observa a un funcionario identificado como Mario Castro exponiendo dificultades legales y presupuestales. En esa grabación, Gómez Consuegra lo interrumpe y cuestiona su capacidad profesional, con expresiones que fueron interpretadas como descalificadoras, según Infobae.
Durante ese intercambio, la superintendente delegada habría planteado un ultimátum: firmar de inmediato los compromisos o presentar la renuncia. Funcionarios presentes señalaron que se insistió en avanzar sin contar con certificados de disponibilidad presupuestal, requisito legal para suscribir contratos públicos.
Infobae indicó que los asistentes consideraron que este proceder se apartaría de lineamientos presidenciales y de las directrices del superintendente de Salud, Bernardo Camacho. La jornada concluyó, según los testimonios, en un ambiente de presión extrema, donde la firma inmediata se presentó como la única alternativa posible.
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