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Ante la Fiscalía General de la Nación, la Senadora Paola Holguín y el Representante Juan Espinal denunciaron al ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla González, por el presunto delito de peculado culposo.
La denuncia se basa en el “error” en la transferencia de recursos correspondientes al pago de la nómina de funcionarios públicos y proveedores, que se presentó el pasado 24 de noviembre, en el que se habrían duplicado los valores consignados por parte de MinHacienda.
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“Como fue de público conocimiento, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público advirtió el pasado 24 de noviembre que por “error” había consignado valores adicionales a funcionarios y proveedores en una cuantía desconocida, en diferentes entidades públicas, como la Procuraduría, superintendencias y departamentos administrativos”, se lee en el punto 2 de la comunicación dirigida al Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa.
Agrega la denuncia que dentro de las funciones del Ministro de Hacienda y Crédito Público expresamente se define: “16. Administrar el Tesoro Nacional y atender el pago de las obligaciones a cargo de la Nación, a través de los órganos ejecutores o directamente, en la medida en que se desarrolle la Cuenta Única Nacional”.
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Lo que permite observar que la novedad reportada el 24 de noviembre anterior, antes descrita, “no pudo haber sido sin la falta al deber objetivo de cuidado del ministro Bonilla, como del equipo administrativo y técnico de funcionarios, encargados del mantenimiento y manejo de la plataforma de pagos a cargo de la Nación; la cual se hace más grave por el evidente desconocimiento del denunciado y su equipo del total de destinatarios y la cuantía de los haberes girados injustificadamente”.
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El delito por el que fue denunciado el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, es el de Peculado culposo, que según el Artículo 400 del Código Penal lo define así:
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“El servidor público que respecto a bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, o bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, por culpa dé lugar a que se extravíen, pierdan o dañen, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses, multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo término señalado”
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Lo anterior se deriva del error en el pago de nómina de varios funcionarios públicos de varias entidades del Estado que recibieron el doble de lo que generalmente ganan.
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