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El Ministerio de Hacienda reconoció desde el viernes que por equivocación les pagó entre dos y tres veces el salario mensual a miles de funcionarios públicos, en un error inédito cuya razón aún no se conoce y que deja a la vista un descuido monumental por el que se habrían girado más de 10 billones de pesos.
El error fue criticado pues, de acuerdo con algunos exfuncionarios, no se trata de algo menor si se tiene en cuenta que la nómina mensual del Gobierno colombiano cuesta unos $ 5 billones, con lo cual se cubre la remuneración de 667.000 empleados, según datos del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana.
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Para aterrizar un poco las cifras, en el caso hipotético de que un magistrado de la Corte Constitucional hubiese recibido tres veces su salario, entonces tendría en su cuenta bancaria $ 185,7 millones, unos $ 123 millones de más, teniendo en cuenta que su sueldo es de $ 61,9 millones.
Esa situación se presentó el 24 de noviembre, cuando el Ministerio de Hacienda adelantó el pago de las nóminas a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF Nación). De hecho, el propio ministro, Ricardo Bonilla, salió en un video tratando de calmar las aguas.
Aseguró que se trató de un problema informático en el SIIF y descartó que hubiera algún saboteo de ciberdelincuentes. Además, sostuvo que el error se presentó en ocho entidades del Estado.
De igual forma, el mismo viernes expresó que ya estaban trabajando para revertir la situación y recuperar el dinero con la colaboración de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), gremio con el que se comunicó EL COLOMBIANO, pero que se abstuvo de dar declaraciones.
Lo cierto es que, a la fecha, el gabinete encargado de llevarle las cuentas a la caja estatal no ha sido claro sobre cuánto dinero de más consignaron en ese desatino, tampoco hay certeza de la cantidad recuperada. Solo por fuentes cercanas a esa cartera, pero en declaraciones no oficiales, se supo que supuestamente el sábado se había recuperado el 80% del dinero.
Por otro lado, para tratar de controlar la situación y alertar a los empleados del Gobierno, algunas carteras les pidieron a sus funcionarios no gastar el pago adicional. Una de esas fue la de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. El ministro Mauricio Lizcano escribió en su cuenta de X: “Hemos llamado a los funcionarios del Mintic a quienes les llegó su salario doble o triple para que por favor no gasten plata de más”.
Algunos trabajadores le expresaron a EL COLOMBIANO que estaban preocupados porque al devolver el dinero les cobrarían el 4×1000 y no consideraban que fuera algo justo ante el fallo.
(Vea también: Ministro de Hacienda hace un pedido (¿tarde?) a funcionarios que recibieron pago triple)
Sin embargo, el Ministerio aclaró la situación ayer y expresó que no cobrará ese impuesto correspondiente a las consignaciones adicionales que se realizaron por error. Agregó que tampoco se afectará es el pago sobre el impuesto de renta para los funcionarios que recibieron los recursos en sus cuentas.
La cartera añadió: “Ya se coordinó para que el sistema Muisca (que está relacionado con impuestos y Dian) tenga en cuenta que las consignaciones adicionales no son ganancia ocasional y que dichos recursos se reversaron o reversarán al Tesoro Nacional”.
Aseguró que los empleados no tendrán una mayor carga tributaria porque todo el proceso de la transacción —giro y reversión— tiene una trazabilidad y quedará registrado en los extractos sin tener efectos en temas de impuestos.
El desacierto fue blanco de fuertes críticas que lo calificaron como un “grave error”. A esa lista se sumó el senador y exministro David Luna, quien le contó a EL COLOMBIANO que “al gobierno Petro solo le interesa confrontar, no sabe gobernar. Ni para pagar la nómina de manera correcta fueron capaces”.
Otros, que también cuentan con la experiencia administrando ministerios fueron más mesurados. Es el caso de José Manuel Restrepo, actual rector de la Universidad EIA y exjefe de la cartera de Hacienda en el mandato de Iván Duque, quien dijo que sin duda es un problema complejo, pero también reconoció que no es un tema de fácil manejo. Dijo que en su experiencia sabe que para administrar un ministerio se requiere de una gran cantidad de trabajadores y que algunas situaciones se escapan de las manos del jefe de Hacienda.
“Hay que reconocer que esa clase de responsabilidad recae en cabeza de uno de los funcionarios que no es tan cercano a la actividad propia del ministro. Finalmente esto desborda la capacidad de control del jefe de cartera en la medida de que esa responsabilidad está muy abajo de la organización, es decir que no es un tema que esté todo el tiempo en el radar de Bonilla”, dijo Restrepo.
Y es que un ministerio no es fácil de administrar, por lo que el exministro sostuvo que la situación trae un impacto político, además de otros impactos en los entes de control. Sucede que los entes de control tomaron cartas en el asunto y abrirán una investigación preliminar sobre el caso.
La Contraloría explicó que adelantará una “visita especial” al Ministerio de Hacienda y “a las instalaciones donde desarrolle su objeto, correspondiente al Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF Nación), con la finalidad de recaudar elementos de conocimiento que permitan esclarecer los hechos denunciados”.
De igual forma, solicitó a Minhacienda la información de las entidades cuyas nóminas recibieron esos pagos adicionales, los servidores públicos y proveedores que fueron destinatarios de los giros, así como el valor individualizado de cada uno de los pagos adicionales y las entidades bancarias a través de las cuales se realizaron las transferencias.
El escándalo alrededor de los pagos erróneos también ha dado para discutir sobre el costo que representan los salarios de funcionarios y servidores públicos, que no es poco.
(Vea también: Funcionarios del Estado recibieron mucha plata de más por error garrafal en el Gobierno)
De acuerdo con un reciente informe del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, anualmente se invierten cerca de $60 billones en el pago para funcionarios de entidades gubernamentales en Colombia (ver infografía), que solo representan el 2 % de los trabajadores en el país.
El Observatorio mostró que el cargo con mayor salario mensual es el del gerente del Fondo de Adaptación, que asciende a $ 79,2 millones mensuales, costo aproximado del carro Mazda 2.
Otro de los funcionarios mejor remunerados es el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, quien cobra cada 30 días $ 76,6 millones, mientras que el director de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas devenga $ 76,1 millones mensuales, o sea, alrededor de 59 salarios mínimos.
Los peor pagos son los auxiliares, técnicos y servicios generales, con sueldos entre $ 3 millones y $ 4 millones. El salario promedio de un trabajador del Estado es de $ 10 millones.
El 12 % del presupuesto nacional es invertido en el pago de nómina de sus empleados. Lo cierto, es que el salario de esos funcionarios, al parecer, no aumentará el año entrante.
De hecho, el presidente Gustavo Petro aseguró que los altos funcionarios del poder público no podrán recibir un incremento salarial para el 2024. La decisión, según argumentó el jefe de Estado, responde a un intento por cubrir un hueco fiscal.
“El año entrante no pueden subir los altos salarios en el sector público de Colombia, sería un suicidio económico si se hace, y será en las tres ramas de poder público, en las entidades descentralizadas, etc”, dijo Petro durante el Congreso Nacional de Infraestructura.
La decisión obedece a un recorte de $ 6,5 billones que aplicó la Corte Constitucional al presupuesto del próximo año. Pese a ello, se aproximan obligaciones como el pago de la primera cuota del crédito flash que se adquirió con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En diálogo con EL COLOMBIANO, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico y la Alianza Verde, Santiago Osorio, dijo que en su concepto “los salarios del Estado deben ser atractivos para atraer a los mejores profesionales. Sin embargo, comparte que el próximo año se tendrá un problema en el recaudo, producto de las decisiones de la Corte Constitucional”.
El congresista también expresó que desde el Congreso se han apoyado diferentes iniciativas para rebajar el salario de los parlamentarios: “Desafortunadamente no han tenido éxito”. Dichos servidores públicos devengan $ 43,4 millones al mes, dinero que también sale del Estado.
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