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El pasado viernes, una sorprendente anomalía sacudió a decenas de funcionarios públicos al recibir en sus cuentas salariales pagos que superaban incluso el triple de su salario habitual. Este hecho inusual, atribuido a una aparente falla en el Sistema Integrado de Información Financiera (Siif), ha generado un revuelo significativo, llevando a la Contraloría a iniciar una indagación exhaustiva.
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Ante esta situación, desde el Ministerio de Hacienda anunciaron que no se va a cobrar 4x 1.000 por las consignaciones adicionales.
A su vez, señalan que la operación en nada va a afectar el tema de impuestos. Ya se coordinó para que el sistema Muisca (que está relacionado con impuestos y Dian) tenga en cuenta que las consignaciones adicionales no son ganancia ocasional y que dichos recursos se reversaron o reversarán al Tesoro Nacional
“Todo el proceso de la transacción: giro y reversión tiene una trazabilidad y quedará registrado en los extractos sin tener efectos en temas de impuestos“, explican.
Ante esta situación, la Contraloría anunció una “visita especial” al Ministerio de Hacienda y a las instalaciones responsables del desarrollo del Siif. El objetivo de esta investigación es reunir información detallada que permita esclarecer los motivos detrás de estos pagos extraordinarios y determinar si existe un perjuicio concreto para el erario estatal.
En una primera línea de investigación, la Contraloría solicitó al Ministerio de Hacienda la identificación de las entidades cuyas nóminas se vieron afectadas, los servidores públicos y proveedores que recibieron estos pagos inesperados, así como el monto individualizado de cada uno de ellos. Además, se busca conocer las entidades bancarias a través de las cuales se realizaron las transferencias, y se profundizará en el estado y el uso del Siif, evaluando si se trata de una plataforma defectuosa.
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La Contraloría expresó su preocupación por la falta de información detallada por parte del Ministerio de Hacienda y señaló que hasta el momento las explicaciones ofrecidas por el ministro, Ricardo Bonilla, han sido en su mayoría genéricas. La entidad de control busca determinar si existe un perjuicio cierto, concreto, actual y cuantificable contra los recursos del Estado.
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