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La Defensoría del Pueblo, bajo la dirección de Iris Marín Ortiz, ha completado dos años en los que se ha destacado por mantener una vigilancia constante sobre el gobierno, sin importar la orientación política de quienes lo conforman. Según datos proporcionados en el artículo, este periodo ha estado marcado por tensiones con dos administraciones diferentes, reflejando una independencia institucional que trasciende coyunturas partidistas.
Su designación, llevada a cabo el 16 de agosto de 2024, fue avalada por el 91 % de la Cámara de Representantes, es decir, 170 de los 186 votos posibles. Este respaldo surgió tanto de partidos como Centro Democrático y Cambio Radical, como del Pacto Histórico y colectividades tradicionales. Marín Ortiz asumió el cargo el 30 de agosto de 2024 en Nuquí, Chocó, y se convirtió en la primera mujer en liderar la Defensoría desde su fundación en 1992. Cuenta con una amplia trayectoria en entidades como la Corte Constitucional, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad.
Durante su gestión, ha habido incidentes públicos notables. El primero fue el 6 de octubre de 2025, cuando el ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó el informe electoral de la Defensoría, mientras que días después la entidad denunció una reducción del 47,3 % en el presupuesto proyectado para 2026, repitiendo el recorte por segundo año consecutivo. En mayo de 2026, la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, acusó a la Defensoría de actuar con una supuesta “derecha acomodada”, lo que generó defensas públicas del sistema de alertas de la entidad, considerado técnico y constitucional por Leonardo González Perafán, director de Indepaz.
El punto más crítico fue el 8 de julio de 2026, cuando el desconocimiento de los resultados de la segunda vuelta presidencial por parte de Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda motivó una exhortación pública, tanto de la Defensoría como de la Procuraduría, a respetar el proceso democrático: “El desconocimiento público de los resultados oficiales y la interrupción del proceso de transición generan una tensión institucional que debe superarse”, expresó Marín.
Entre los logros destacados bajo su mandato se encuentra la entrega de la “Radiografía de los derechos humanos” al nuevo gobierno, basada en 120 alertas tempranas sobre 396 municipios, el registro de 651 masacres desde 2019, y un aumento del 146 % en ataques con drones. Además, se denunció la existencia de 137.000 personas desaparecidas y 1.173 menores reclutados entre 2024 y 2026, advirtiendo que la reducción en denuncias podría estar asociada al subregistro. La Defensoría también visibilizó el rezago de la Nueva EPS, al destapar más de 120.000 tutelas pendientes de respuesta. Por otra parte, en la crisis del Catatumbo, acompañó a más de 64.000 desplazados y mantuvo presencia estatal en regiones apartadas.
Destaca también la aplicación de la Ley de Utilidad Pública, que autoriza la sustitución de prisión por servicios comunitarios para mujeres cabeza de familia en casos de delitos menores. En cárceles, la institución implementó el sistema AURORA para rastreo jurídico y, en mayo de 2026, inauguró la Escuela de Ejecución Penal para defensores públicos, con apoyo académico de reconocidas universidades. Todas estas gestiones han debido enfrentar la dificultad presupuestaria: el rubro pasó de 296.000 millones de pesos en 2024 a 287.000 millones y allí se mantuvo, mientras la Defensoría calcula que necesita 405.000 millones para cubrir plenamente su operación y fortalecer su equipo.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Cuál es el papel de la Defensoría del Pueblo en Colombia y cómo se ha visto afectada bajo la gestión de Iris Marín Ortiz?
La Defensoría del Pueblo se encarga de promover y proteger los derechos humanos en Colombia, actuando como vigilante del Estado. Bajo la gestión de Iris Marín Ortiz, la entidad se ha visto marcada por la firme independencia frente a los diferentes gobiernos y por la denuncia de problemáticas nacionales, como recortes presupuestales, violencia, reclutamiento de menores y crisis en servicios de salud, a pesar de enfrentar desafíos de financiación y cuestionamientos políticos.
¿Qué avances logró la Defensoría del Pueblo en derechos humanos y justicia en el periodo 2024-2026?
Entre 2024 y 2026, la Defensoría fortaleció sus sistemas de alerta temprana, documentó masacres y desapariciones, implementó la Ley de Utilidad Pública para beneficio de mujeres cabeza de familia y lanzó el sistema AURORA en cárceles. Además, visibilizó situaciones críticas como desplazamientos y acceso a tutela, demostrando una presencia activa frente a los retos sociales y judiciales del país.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
Polémicas y logros de Petro
En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.
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