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En el desarrollo de la audiencia preparatoria celebrada este martes ante la Corte Suprema, el abogado Alejandro Sánchez, quien representa a la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán Dávila, presentó detalladas pruebas con el propósito de desvirtuar las acusaciones que la Fiscalía formuló en su contra. Estas investigaciones, de acuerdo con información de EL PILÓN y otros reportes judiciales del caso, apuntan a los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y violación del régimen de inhabilidades por la compra de un terreno en el municipio de San Diego (Cesar) en 2017, época en que Sanjuán fungía como alcaldesa.
De acuerdo con la defensa, la adquisición de ese lote no obedeció a un interés particular ni buscaba favorecer a terceros, sino que fue el resultado de una política pública ya trazada desde gobiernos anteriores. Para sustentar esto, Sánchez solicitó la inclusión en el expediente del Plan de Desarrollo 2016-2019, titulado “San Diego de Paz”, así como de acuerdos municipales de 2012 y 2013 donde se definía la necesidad de adquirir tierras en el corregimiento Nuevas Flores con el fin de impulsar proyectos de vivienda. Según el penalista, esto confirma que la compra obedeció a una continuidad administrativa y no a decisiones aisladas o arbitrarias de Sanjuán.
Frente a las dudas sobre la transparencia y economía del proceso, la defensa añadió como prueba la carpeta contractual, explicando que hubo una invitación pública de 60 días para la recepción de ofertas. En cuanto al avalúo del lote, que fue realizado por un perito particular y no por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el abogado Sánchez presentó certificaciones del mismo IGAC en las que la entidad reconocía no contar con personal disponible para efectuar dicho avalúo en el periodo señalado. Además, se aportaron documentos sobre la idoneidad del arquitecto que realizó la tasación. Un dato relevante, según la defensa, es que el avalúo hecho por la Fiscalía establecía un valor de cerca de 220 millones de pesos, mientras que la compra se efectuó por 88 millones, lo que, a su juicio, desmiente la existencia de sobrecostos o detrimento al erario.
Sánchez argumentó también la elección de la finca Villa Calzo para este proyecto al agregar mapas de zonificación, estudios de riesgo por inundaciones y documentos técnicos que justificaban la decisión por razones de seguridad y viabilidad. Finalmente, sobre el presunto vínculo parental entre el vendedor y un concejal, la defensa presentó actas y registros civiles que evidenciarían que los apellidos invertidos dificultaban la identificación clara de una posible inhabilidad por parentesco.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Cuáles son los argumentos de la defensa de Elvia Milena Sanjuán Dávila en el caso por la compra del lote en San Diego?
La defensa de Elvia Milena Sanjuán Dávila, representada por el abogado Alejandro Sánchez, se centró en demostrar que la adquisición del lote en San Diego, Cesar, respondió a una política pública preexistente y a las necesidades planteadas en planes y acuerdos municipales anteriores. Adicionalmente, el abogado aportó pruebas documentales sobre la transparencia del proceso, la justificación técnica y la elección del predio, así como sobre la imposibilidad de contar con el avalúo del IGAC y la legitimidad del perito encargado.
¿Por qué la Fiscalía acusa a la gobernadora del Cesar por el contrato de compra del lote en San Diego?
La Fiscalía sostiene que la compra del lote durante la gestión de Elvia Milena Sanjuán Dávila como alcaldesa de San Diego incumplió requisitos legales de contratación y vulneró el régimen de inhabilidades. Según lo mencionado en reportes judiciales y fuentes como EL PILÓN, la investigación apunta a presuntas irregularidades en el procedimiento de adquisición del terreno, el tipo de avalúo realizado y un posible vínculo de parentesco entre el vendedor y un concejal del municipio.
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