Entre las muchas críticas que tuvo que hacer frente a Iván Duque en su Presidencia, una de las más notorias fue la situación de derechos humanos. Las ONG y similares relacionados con el tema presentaron múltiples reparos por el asesinato de líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz. Asimismo, se cuestionó el papel que cumplió la Fuerza Pública en su relación con habitantes de algunos territorios de alta conflictividad y su actuación en las movilizaciones sociales de 2019 y 2021. En el panorama internacional tampoco le fue bien.

El liderazgo que se ganó con la paz en el gobierno Santos se desvaneció y se hizo común que otros países llamaran la atención frente a la situación de derechos en general y la implementación de lo pactado con las Farc. Todo este panorama negativo fue el que recibió Gustavo Petro. Y aunque ha pasado poco tiempo desde que asumió el poder, algo más de dos meses, ya se ha comenzado a hablar de cambios importantes en el enfoque de derechos humanos.

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Organizaciones nacionales e internacionales destacan que se siente un ambiente diferente frente a lo que se venía viviendo con Duque. A pesar de que concuerdan que ha pasado poco para evaluar una política tan compleja como la de derechos humanos, que tiene derivaciones en múltiples campos, son capaces de expresar que han visto con buenos ojos gran parte de lo que ha hecho el nuevo Gobierno. Eso sí, como advierte Camilo González Posso, presidente de Indepaz, “los principales cambios de enfoque han sido en el discurso, no hay política pública definida. Aún falta ver qué queda consignado en el Plan de Desarrollo y que el Ministerio del Interior se mueva en la materia”.

A su vez, desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) consideran que “hay un giro total en el posicionamiento de los derechos humanos”. Viviana Krsticevic, su directora ejecutiva, asegura que la mayoría de cambios han sido en el ámbito internacional, y así los destaca:

“Algunos de los gestos significativos tienen que ver con elevar los temas de derechos humanos, paz, paridad y representatividad, así como medio ambiente, como temas centrales en la política exterior colombiana, que contrasta mucho con el pasado gobierno”. Para la experta, el cambio se ve en instancias tan básicas como el reconocimiento pleno del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

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“Hay algunas acciones que tienen que ver con nombramientos simbólicos para la representación y el liderazgo para los derechos humanos: los embajadores ante la OEA y Naciones Unidas”, señaló Krsticevic, haciendo referencia a Luis Ernesto Vargas, Leonor Zalabata y Gustavo Gallón, cuyos liderazgos en esa materia son bien reconocidos. Desde el Cejil también destacan lo que sería un cambio en la forma como se afrontan los casos que el Estado colombiano tiene ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Expresan una voluntad inédita para reenfocar y cumplir. Una política de defensa de derechos y no del interés económico del Estado”, recalcó Krsticevic, poniendo como ejemplo la publicación en prensa del fallo sobre el caso Jineth Bedoya , tal como lo exigió la Corte IDH desde hace meses, pero que solo ocurrió en días pasados.

Jorge Mantilla, director de conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), destacó en este punto que “el presidente Petro, desde la campaña y ahora en las primeras actuaciones en el área internacional, tiene una actitud marcada para poner a Colombia en el reconocimiento que se tuvo con la firma del Acuerdo de Paz”.

Parte de ese posicionamiento, según Mantilla, pasa por lograr la correcta aplicación de lo que se conoce como la “paz total”: “Hay dos retos principales, disminuir la violencia y contener el impacto humanitario. Ahí está toda la apuesta de ‘paz total’ y eso que se conoce como cese al fuego multilateral”. Frente a dicha estrategia de “paz total” y su posible repercusión, Jorge Restrepo, presidente del Cerac (Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos), concuerda que no hay tiempo para evaluar políticas, “pero es indudable que se ha presentado una reducción importante en homicidios y otros hechos que violan los derechos de las personas. Eso es bienvenido”.

No obstante, Restrepo comentó que el descenso en las cifras ha venido acompañado de una “gran volatilidad”, debido a que se había marcado una disminución en la violencia en contra de líderes y activistas, pero “lamentablemente en octubre hubo un aumento de esa violencia”.

De acuerdo con cifras de Indepaz, en 2021 se reportaron 83 homicidios de líderes sociales y esta cifra llega a 86 en este año. Sin embargo, vale acotar que Duque gobernó siete meses de 2022. Aunque se debe decir que los primeros dos meses de gobierno Petro se reportaron 23 crímenes contra defensores de derechos humanos, lo que implica que el 27 % de estos delitos ocurrieron en su mandato, una cifra alta cuando apenas está completando el tercer mes de gobierno.

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La buena noticia, para el experto, “es que ha disminuido esa violencia homicida y de violencia de crimen organizado. Se puede decir que las cosas han mejorado, aunque hay un panorama mixto”, expresó la cabeza de Cerac.

En otro apartado, Restrepo destacó que parte del cambio en derechos humanos se observa en “las prioridades y la forma de operar de la Fuerza Pública, sobre todo de la Policía”. En este sentido, destacó la transformación a nivel territorial con las comunidades y la forma de afrontar las marchas.

Sin embargo, advirtió que esto puede que no sea “sostenible” debido a que el asunto pasa por un “bajón en la conflictividad social”, que puede reactivarse en los próximos meses con la situación económica mundial y a que aún no se ha hecho una reforma de fondo en las fuerzas: “Eso se debe acompañar de cambio en las políticas de doctrina, educación y manejo y control”. En este camino, Juan Pappier, investigador para las Américas de Human Right Watch, comentó a este diario:

“El gobierno Petro heredó una situación de derechos humanos en franco deterioro debido a las pobres políticas de la administración Duque. Su principal desafío para lograr mejoras en derechos humanos es tener una relación constructiva con el sector defensa que permita adelantar reformas para evitar nuevas violaciones de derechos humanos”.

Desde Indepaz, González Posso dio algunos puntos similares a los de Restrepo. Dijo que en la línea de derechos humanos se pasó a un enfoque de “seguridad humana”. “No solo está enfocado en contener a máximos responsables -objetivos de alto valor- sino una tarea preventiva y de respuesta a los problemas estructurales. No es un tema solo de la Unidad Nacional de Protección.

Un triángulo de justicia económica, social y ambiental”. Y destacó la búsqueda de salidas dialogadas: “Es un reenfoque para tratar los conflictos armados internos. El tratamiento de Duque era de terroristas y crimen organizado”. No obstante, alertó que ahora último “hay un incremento de violencia en los territorios, que tiene que ver con estructuras más locales, que no responden a los grupos con los que hay acercamientos”.

No obstante, varios de los consultados expresaron que no todo es color de rosa en cuanto a derechos humanos. Para estos, habría un retroceso, incluso con el gobierno Duque, en la forma en que se afronta la situación en Nicaragua y Venezuela. Desde el Cejil señalan que es importante el intento de tomar un liderazgo regional en la materia, pero les preocupa la actitud asumida frente al régimen de Daniel Ortega:

“El silencio sobre Nicaragua fue una alerta, porque no queremos ver gobiernos con doble vara”. Desde la FIP también cuestionaron la falta de condena a las violaciones de derechos humanos en Venezuela y la misma Nicaragua. “El mayor lunar hasta ahora tiene que ver con la falta de contundencia frente a lo que sucede en estos países”, concluyó Jorge Restrepo.

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