En lo que va del año, siete periodistas en Córdoba han recibido amenazas. Seis de los casos se registraron en Montelíbano, el mismo municipio donde el fin de semana fue asesinado el reportero y líder social Rafael Emiro Moreno Garavito, informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Tras denunciar en reiteradas ocasiones que estaba recibiendo amenazas, el Estado no reforzó su esquema de seguridad y, el domingo, mientras su escolta se tomaba un día de descanso, Moreno fue baleado por hombres desconocidos a bordo de una moto. Además de pedir celeridad en las investigaciones, el órgano internacional exigió claridades.
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El pronunciamiento lo hizo la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH, que en un comunicado condenó el homicidio, reconoció que las autoridades hayan reprochado el hecho y ya hayan desplegado las pesquisas y pidió explicaciones. En particular, le pidió al Estado colombiano “precisar con urgencia las razones por las que el esquema de seguridad no habría sido efectivo, así como el motivo por el que, a pesar de alertas sobre un incremento en amenazas, no se consideró fortalecer las medidas de seguridad asignadas al periodista”. Según la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), Moreno había recibido dos amenazas recientemente.
“Se ha indicado a esta Oficina que a pesar de estas nuevas amenazas y de que el periodista había manifestado la necesidad de un refuerzo en su esquema de seguridad, las autoridades habrían decidido mantener las medidas existentes”, dijo la CIDH en su comunicado.
Ese esquema de seguridad consistía en un chaleco antibalas, un botón de pánico y un escolta. Además de las denuncias sobre posibles hechos de corrupción con dineros públicos que Rafael Moreno publicaba en sus redes sociales y en su medio, ‘Voces de Córdoba’, el periodista y líder se lanzó a la política este año, como candidato a las curules de paz.
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De un lado, la CIDH valoró que las autoridades colombianas hayan reprochado el homicidio y ya haya pesquisas andando. “En particular, esta Oficina fue informada de que el Departamento de Policía Córdoba (DECOR) estaría desplegando agentes, en coordinación con la Fiscalía General, para adelantar la recolección de elementos materiales probatorios, videos y entrevistas que contribuyan a esclarecer los hechos”, se asegura en el comunicado. Además, la Defensoría del Pueblo le está haciendo seguimiento a la investigación.
Sin embargo, la Relatoría de la CIDH le recordó al Estado colombiano: “la falta de sanción de los delitos contra la prensa fomenta la reiteración de violencias y el silenciamiento, por lo que urge a que el esclarecimiento de los hechos conduzca a que se juzgue y sancione a los autores materiales e intelectuales del asesinato”. Además, pidió que en las investigaciones se considere la labor periodística como móvil para el homicidio, algo que también le solicitó la Flip a los fiscales de la Unidad Especial de Investigación que llevan el caso.
Ya esto había sido recalcado en septiembre pasado por la misma entidad, luego del homicidio de los periodistas Leiner Enrique Montero Orga y Dilia Contreras Cantillo en el departamento de Magdalena, que aún no se esclarece. Luego de Montero y Contreras, Rafael Moreno se convirtió en el tercer periodista asesinado en lo que va del 2022 en Colombia. Finalmente, la Relatoría añadió: “la violencia contra la prensa afecta gravemente la dimensión social y colectiva del derecho a la libertad de expresión al vulnerar el acceso de las sociedades a la información, razón por la cual este tipo de ataques no pueden ser tolerados ni dejados impunes en sociedades democráticas”.
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