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La compleja situación del Hospital San Francisco de Asís en Quibdó, el único de segundo nivel en el departamento del Chocó, ha encendido las alarmas en las últimas horas. La gobernadora Nubia Córdoba Curi hizo pública esta crisis a través de sus redes sociales y enfatizó la extrema gravedad que enfrenta el centro asistencial. Según informó la mandataria, la institución se encuentra bajo una sobreocupación del 340 %, hecho que ha obligado a declarar alerta roja hospitalaria ante el inminente colapso del servicio de urgencias. En sus comunicados, la gobernadora expuso además el agudo deterioro de la infraestructura del hospital, elemento que agrava la atención de pacientes en condiciones ya precarias.
La crisis se contextualiza en medio de una intervención administrativa dirigida por la Superintendencia Nacional de Salud, entidad reguladora del sector en Colombia. Córdoba Curi reiteró la urgencia de adelantar inversiones que permitan la recuperación funcional del hospital y solicitó la implementación de un plan de choque dirigido a estabilizar los servicios. Esta petición incluye la colaboración de la Gobernación en las obras necesarias para aumentar la capacidad de atención y proteger la vida y dignidad de quienes buscan atención médica en esta institución.
El origen de la intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud —conocida popularmente como Supersalud— se remonta a noviembre de 2025, cuando, tras ocho meses de vigilancia especial, se detectaron persistentes fallas asistenciales, administrativas y financieras. Estos problemas ponían en riesgo tanto la seguridad de los pacientes como la viabilidad de la prestación del servicio. Según documentación de la Supersalud, desde el 1 de marzo de ese año se evidenció un desequilibrio financiero, deterioro en la calidad de atención y la existencia de prácticas inseguras, además de carencias en los programas para frenar la desnutrición infantil y reportes de mortalidad evitable.
En respuesta a estos hallazgos, la Superintendencia Nacional de Salud apartó inmediatamente a la gerencia y a los miembros de la junta directiva, y designó como agente especial interventora a la doctora Osiris del Carmen Casas Mena, quien asumió el control legal de la entidad desde el 28 de noviembre de 2025. Más recientemente, Daniel Quintero, superintendente de Salud, anunció que uno de los daños materiales detectados —una viga canal obstruida por hojas— ya fue corregido, pero se comprometió a continuar con la revisión minuciosa de la intervención y su avance.
Esta coyuntura evidencia las profundas vulnerabilidades del sistema de salud en regiones apartadas de Colombia, donde la infraestructura, los recursos y la capacidad de respuesta institucional resultan insuficientes para atender la demanda local. El llamado de la gobernadora y de las autoridades sanitarias es urgente: se requiere acción inmediata y coordinación interinstitucional para revertir la crisis y garantizar el acceso digno a la salud en el Chocó.
¿Qué implica declarar alerta roja hospitalaria?
La declaración de alerta roja hospitalaria señala que el nivel de ocupación y la demanda de servicios sobrepasan la capacidad operativa del hospital, lo cual pone en alto riesgo la seguridad de los pacientes y la continuidad de la atención. Este tipo de acciones, contempladas en los protocolos de emergencia hospitalaria en Colombia, implica restringir nuevos ingresos y priorizar únicamente los casos de extrema urgencia, orientando recursos hacia la atención inmediata y coordinando traslados a otros centros de salud si es necesario. En contextos como el del Hospital San Francisco de Asís, esta medida muestra el grado crítico de saturación y subraya la necesidad de intervenciones correctivas tanto en infraestructura como en gestión.
La aplicación de una alerta roja, más allá del impacto inmediato sobre los pacientes, tiene implicaciones administrativas y logísticas, porque demanda al hospital y a las autoridades una respuesta rápida para reducir la congestión y buscar soluciones temporales o estructurales a la sobreocupación. Esto ubica bajo la lupa al sistema regional de salud y a los responsables políticos, quienes deben garantizar condiciones mínimas para la atención de la ciudadanía, especialmente en zonas con limitada oferta sanitaria.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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