El sistema de salud colombiano cierra uno de los capítulos más convulsos de su historia reciente bajo una presión financiera sin precedentes. Un informe revelado por la Contraloría General de la República expone el crítico estado financiero de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) al cierre de 2025 e inicio de 2026, evidenciando un deterioro generalizado que golpea tanto a las aseguradoras como a hospitales, clínicas y proveedores de medicamentos, según informó El Tiempo.
Según el organismo de control, las obligaciones financieras acumuladas de las EPS con la red de salud y farmacéuticas alcanzaron la astronómica cifra de $ 58 billones, registrando un crecimiento del 26,5 % (más de $12 billones) en un solo año.
El informe detalla que los números rojos se explican principalmente porque el costo de atender a los afiliados superó ampliamente los ingresos percibidos a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). La situación se tensó aún más debido a la negativa del Gobierno —en cabeza del entonces Ministerio de Salud de Guillermo Alfonso Jaramillo— de ajustar la UPC en los niveles ordenados por la Corte Constitucional, omisión que llevó al alto tribunal a abrir un incidente de desacato en diciembre de 2025, de acuerdo con el informe periodístico.
El panorama normativo y financiero es desolador: de 26 EPS que entregaron información, 17 terminaron el año con pérdidas, gastando en promedio el 110 % de los recursos recibidos. Además, solo cuatro entidades cumplieron con todos los requisitos financieros estipulados por la ley (Aliansalud, Anas Wayúu, EPM y Salud Mía), las cuales agrupan a menos del 2 % de los afiliados de todo el país, según el citado diario.
Uno de los hallazgos más preocupantes de la Contraloría apunta al grupo de EPS que el Ejecutivo asumió bajo intervención administrativa (como Nueva EPS, Sanitas y Coosalud). Contrario a lo esperado, las medidas no se tradujeron en una recuperación patrimonial.
Durante el primer trimestre de 2026, las EPS intervenidas gastaron en promedio 117,8 pesos por cada 100 pesos recibidos, empeorando el registro frente a las entidades no intervenidas, que gastaron 100,8 pesos. El informe sentencia que ninguna de las aseguradoras bajo vigilancia especial ha logrado recuperar su patrimonio ni acercarse a los mínimos de solvencia.
En el centro de la tormenta se encuentra la Nueva EPS, la aseguradora más grande del país con 11,6 millones de afiliados (uno de cada cinco colombianos). Intervenida desde abril de 2024, la entidad lleva sin certificar estados financieros desde diciembre de 2023. Su deuda pasó de $22 billones a casi $26 billones en un año, a lo que se suman $17 billones en anticipos que aún no han podido justificarse contablemente.
Esta aseguradora lideró también las inconformidades de los ciudadanos con 518.211 PQRS en 2025, reflejando casos críticos como el de menores con patologías complejas que han exigido atención prioritaria tras denuncias públicas.
Por su parte, los proveedores de medicamentos tampoco escapan a la crisis: las deudas con farmacéuticas escalaron un 33 %, pasando de $2,85 billones a $3,8 billones, lo que amenaza con interrumpir la cadena de suministro de tratamientos esenciales y multiplicar las barreras de acceso para los pacientes en todo el territorio nacional.
Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra
El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.
* Pulzo.com se escribe con Z
Lee todas las noticias de nación hoy aquí.
LO ÚLTIMO
.svg)
