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El reciente pronunciamiento de la prestadora de servicios de salud Avidanti, en el que notifica la suspensión de la atención a los usuarios de Nueva EPS debido a la acumulación de una deuda de $171.830 millones al 30 de julio de 2025, ha encendido las alarmas sobre la estabilidad financiera del sistema de salud en Manizales y el departamento de Caldas. Según el comunicado oficial difundido por Avidanti y referenciado por La Patria, la significativa suma corresponde a servicios ya suministrados pero aún no remunerados por la aseguradora, situación que llevó a la entidad a declarar la imposibilidad de continuar prestando sus servicios hasta tanto los pagos no sean regularizados. Esta crisis amenaza con restringir de manera severa la atención médica a miles de usuarios y pone en evidencia la fragilidad de los acuerdos financieros entre hospitales y aseguradoras de salud en Colombia.
La problemática trasciende a Avidanti y afecta también a otros hospitales de la región, entre ellos el Hospital del Oriente de Caldas, que reporta deudas por $24.000 millones frente a la misma EPS. Como lo evidencian los reportes de la Superintendencia Nacional de Salud, la acumulación de pasivos entre aseguradoras (EPS) y prestadores de servicios es un fenómeno extendido que compromete la sostenibilidad general del sistema de salud pública en el país. De acuerdo con el Observatorio Social de la Salud en Colombia, tales situaciones de morosidad surten graves consecuencias para la operación de las instituciones, dificultando pagos de nómina, adquisición de insumos y afectando la calidad del servicio entregado a los pacientes.
En el marco normativo, la decisión de Avidanti se ampara en el artículo 1609 del Código Civil colombiano, que habilita a la parte cumplida de un contrato a suspender el cumplimiento de sus obligaciones si la contraparte incumple con los pagos acordados. Esta disposición, reforzada por los principios de buena fe y equilibrio contractual recogidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, pretende evitar que los prestadores se vean forzados a operar indefinidamente sin la debida contraprestación, lo cual pondría en riesgo su viabilidad económica.
El análisis de medios como La Patria y fuentes oficiales como el Ministerio de Salud, subraya que la crisis de financiación de las instituciones hospitalarias es parte de una tendencia mayor que ha sido objeto de atención tanto en el entorno académico como en organismos de control y vigilancia. La acumulación de deudas superiores al billón de pesos por parte de distintas EPS revela un problema estructural que exige reformas de fondo para asegurar la continuidad y calidad del servicio médico a la ciudadanía.
Países como Perú y México han enfrentado crisis similares en sus sistemas de salud, aunque han buscado mitigar el impacto mediante la implementación de esquemas de pago más ágiles y la promoción de mecanismos alternativos de solución de conflictos, reduciendo en parte la tensión financiera. Sin embargo, en Colombia la velocidad y transparencia en los pagos siguen siendo un escollo significativo, lo que, según los expertos y entidades como la Defensoría del Pueblo, obliga a una intervención más decidida por parte de las autoridades para no seguir vulnerando el derecho fundamental a la salud.
En el plano social, la suspensión de servicios afecta directamente a los usuarios, quienes experimentan la incertidumbre frente al acceso a consultas, procedimientos y medicamentos esenciales. Organizaciones defensoras de derechos humanos, la Procuraduría Provincial y la Defensoría del Pueblo han sido notificadas de la situación, exigiendo mayor supervisión y respuestas institucionales urgentes para proteger a la población afectada. La falta de comunicación directa y de respuestas públicas de Nueva EPS, como se refleja en el silencio ante medios como La Patria, agudiza el clima de opacidad e impide el diálogo constructivo necesario para superar la crisis.
Expertos en gestión hospitalaria y economistas de la salud, como Carlos Gómez, coinciden en que el país enfrenta la necesidad impostergable de una reforma estructural: solo el establecimiento de flujos financieros confiables, auditorías transparentes y sanciones efectivas podrá poner freno a prácticas de incumplimiento y deterioro institucional. Mientras tanto, el llamado es a mantener la vigilancia y a asegurar que la prioridad siga siendo la protección integral del derecho a la salud de toda la población.
Preguntas frecuentes relacionadas
¿Qué medidas puede tomar un hospital frente al incumplimiento de pagos por parte de una EPS?
La pregunta surge porque uno de los elementos centrales de la crisis es la facultad legal de los hospitales o clínicas para suspender servicios cuando las EPS, como Nueva EPS, no cumplen con sus obligaciones de pago. El artículo 1609 del Código Civil colombiano establece que la parte cumplida de un contrato puede suspender temporalmente el cumplimiento si la otra parte no paga en los términos acordados. Estos mecanismos legales tienen un doble propósito: proteger la viabilidad económica de las instituciones y salvaguardar el equilibrio contractual. Sin embargo, la aplicación de estas medidas puede tener consecuencias sociales profundas, como la restricción en el acceso a la salud para la población afiliada.
Llevar a cabo estas medidas implica además notificar a las autoridades estatales competentes, como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, para garantizar el marco de legalidad y el acompañamiento a los usuarios afectados. Esta supervisión busca evitar abusos y propiciar que los mecanismos extraordinarios sean efectivos y no perjudiquen de manera injusta a quienes dependen del sistema para sus necesidades de salud. La transparencia en la comunicación institucional y el monitoreo continuo del cumplimiento contractual son componentes esenciales en este proceso.
¿Cómo afecta esta crisis financiera a la prestación del servicio a los usuarios?
La afectación a los usuarios es uno de los aspectos más delicados de la crisis. La acumulación de deudas por parte de las EPS, como se ha evidenciado en el caso de Manizales y Caldas, puede derivar en la suspensión de servicios médicos, la postergación de cirugías y procedimientos críticos, así como un aumento en la espera para el acceso a especialistas o medicamentos. En el largo plazo, este escenario atenta contra la calidad y la oportunidad de la atención en salud, generando inconformidad social y malestar entre la población afiliada.
De manera adicional, este tipo de crisis provoca presiones extras sobre el personal de salud y las estructuras administrativas de los hospitales, comprometiendo la estabilidad laboral y el cumplimiento de estándares de calidad. El debate público que se da alrededor de la sostenibilidad del sistema, según advierte el Observatorio Social de la Salud, evidencia la necesidad urgente de reformas y mayor control para evitar que los problemas financieros pongan en jaque los logros alcanzados en materia de cobertura y acceso a la salud en Colombia.
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