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El gobierno del presidente Gustavo Petro atraviesa uno de los desafíos más complejos en la gestión del sistema de salud colombiano. Según El Colombiano, el Ministerio de Salud emitió un decreto que redefine las reglas para el funcionamiento de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), estableciendo normas que transformarán la estructura de aseguramiento y atención médica en Colombia. El cambio más significativo consiste en que más de 2,6 millones de afiliados serán trasladados a la Nueva EPS, la mayor del país, que actualmente enfrenta profundas crisis financieras y administrativas.
La Nueva EPS, con una cobertura que alcanza los 11,5 millones de usuarios, ha sido objeto de escrutinio debido a su alarmante incremento de deudas, que pasaron de 6 billones a 24 billones de pesos en menos de dos años. Además, desde 2023 la entidad no ha presentado estados financieros y acumula alrededor de 120.000 tutelas pendientes de respuesta. En los últimos 21 meses, cinco interventores han intentado asumir su dirección sin lograr estabilizarla. A pesar de estos antecedentes, el decreto posiciona a la Nueva EPS como el principal receptor de los pacientes provenientes de otras entidades que serán liquidadas o reubicadas, entre ellas Sura y Sanitas.
El texto legal limita la cantidad de EPS que pueden operar en un territorio según el número de habitantes, obligando a aquellas con menor participación a reubicar a sus afiliados. La redistribución afecta a entidades con presencia marginal: en departamentos con más de dos millones de habitantes, solo podrán continuar las EPS con una cuota de mercado superior al 5%, mientras en regiones más pequeñas los porcentajes exigidos llegan al 10% y 15%, según especifica el Decreto 182 de 2026.
Las EPS con menos de un millón de usuarios seguirán operando, salvo que su participación departamental sea inferior al 3%, en cuyo caso dejarán de prestar el servicio. Entre las entidades que perderán presencia en varias zonas está Sanitas, expulsada de 15 departamentos. Esta alta concentración de aseguradoras podría reducir la libre escogencia de los usuarios, quienes ahora serían trasladados automáticamente.
El mecanismo de “asignación especial de afiliados” permite al Ministerio y a la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres) redistribuir en apenas cinco días a las personas cuya EPS deje de operar. Las nuevas EPS receptoras no podrán rechazar la asignación, y sólo después de 60 días los usuarios podrán solicitar cambio. A este proceso se suman ajustes en la contratación: las entidades públicas y del régimen subsidiado deberán destinar al menos el 60% del gasto a hospitales estatales (ESE) en cada municipio.
Las críticas no se han hecho esperar. Alejandro Gaviria, exministro de Salud, calificó la medida de “inhumana”, mientras Gloria Elena Quiceno, presidenta de la Asociación de Usuarios de Sanitas EPS, advierte que se vulnera el derecho a la libre escogencia y que la migración masiva podría saturar a la Nueva EPS, afectando la continuidad de tratamientos y la entrega de medicamentos. Además, el representante Andrés Forero cuestiona la legalidad de la medida, alegando que el Ministerio ignora directrices judiciales.
En este contexto de incertidumbre, muchos reubicarán a sus familias e interrumpirán tratamientos médicos, sin saber si las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) contratadas por la Nueva EPS tienen suficiente capacidad logística y humana para garantizar atención oportuna y de calidad.
¿Qué es una tutela en el sistema de salud colombiano?
En Colombia, una tutela es un mecanismo legal consagrado en la Constitución Política con el que cualquier ciudadano puede solicitar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos estén siendo vulnerados o amenazados y no exista otro medio judicial efectivo. Aplicada al sector salud, la tutela se emplea típicamente cuando una EPS o una entidad pública se niega a autorizar tratamientos, medicamentos o procedimientos médicos necesarios para salvaguardar la vida y la salud del usuario.
Este recurso es relevante porque el texto revela que la Nueva EPS acumula 120.000 tutelas sin resolver, lo que implica una carga administrativa y judicial considerable. El rezago en la respuesta a estas tutelas no solo refleja problemas en la capacidad de gestión de la entidad, sino que también puede traducirse en riesgos directos para los pacientes, quienes dependen de estas decisiones para acceder a servicios esenciales. ¿Cuánto tiempo tardarán en resolverse, y cómo impactará esto en la calidad de la atención de quienes serán trasladados?
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
Análisis sobre qué pasará con el salario mínimo
El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta un pulso jurídico tras la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que fijaba un incremento de 23 % en el salario mínimo y el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo nos explicó cuáles son los efectos de la medida. Esta es la primera vez que en Colombia sucede un hecho de este nivel, razón por la que hay mucha incertidumbre sobre cómo sucederá.
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