Entre los argumentos que expone el Tribunal Supremo para sustentar esta decisión se destaca el hecho de que la Corte no encontró relación entre los delitos que le imputó a Álvaro Uribe Vélez y su ejercicio como senador.

“Por tratarse de una investigación sin relación con su cargo de congresista, sobre conductas como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal, la Corte dejará a disposición del fiscal general de la Nación al detenido exsenador Álvaro Uribe”, anunció la Corte, por medio de un comunicado.

El tribunal reiteró que por decisión unánime, en sesión del pasado 31 de agosto, se concluyó que el exsenador Uribe no presentó un “abusivo ejercicio de (sus) funciones”, y que por eso el proceso debe seguir en la Fiscalía teniendo en cuenta que el político renunció a su cargo.

En cuanto a la detención del expresidente Uribe, la Corte recordó que “se encuentra cobijado con medida de aseguramiento de detención preventiva” que le fue “sustituida por la domiciliaria”, con base en la Ley 600 del 2000, y que por eso “quedará a disposición del fiscal general (Francisco Barbosa) por virtud de estas diligencias”.

Este es el anuncio y el comunicado que colgó la Corte Suprema de Justicia en sus redes sociales sobre el proceso contra Uribe.

Como la pregunta que surgió en este caso es si el expresidente seguirá detenido, Semana trató de responder al decir que como el proceso pasa a la Fiscalía entonces es posible que continúe bajo las reglas del sistema penal acusatorio, Ley 906, debido a que los hechos delictivos presuntamente cometidos por el político se remontan a 2018.

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“Aunque algunos opinadores han dicho que el caso se tendría que anular, altas fuentes judiciales señalan que todo lo actuado está hecho con sujeción a la ley y bajo el procedimiento que rigió para su caso hasta ahora, por lo cual es válido”, apunta ese medio.

Si esta hipótesis sigue su curso en la Fiscalía General de la Nación, Semana dice que “estarían surtidas” las etapas de formulación de cargos y resolución jurídica, y que el análisis del fiscal que asuma el caso se centraría en establecer “si acusa o la precluye”.

“Para intentar tumbar la medida de aseguramiento, los abogados del expresidente tendrían que pedir la revocatoria ante un juez, recurso que únicamente se concede cuando existen hechos y evidencias sobrevinientes para discutir la necesidad o no de la medida de aseguramiento”, puntualiza el medio.

Así las cosas, se espera un pronunciamiento por parte de la defensa del exsenador para conocer cuál será su siguiente estrategia en la Fiscalía, pues el senador Iván Cepeda, declarado como víctima en este proceso, advirtió que el fiscal “Barbosa está impedido” para llevar el caso, y por eso pidió elegir a un fiscal ‘ad hoc’, pero que la terna no sea escogida por el presidente Iván Duque debido a su relación cercana con el fiscal y con el procesado.

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