Se trata de la Unión Interparlamentaria, una organización mundial de parlamentarios nacionales de la que el Congreso de Colombia es miembro, cuyo comité de derechos humanos solicitó al alto tribunal “exponer su posición oficial” ante las denuncias, que calificó como “admisibles”.

No obstante, la Corte fue tajante en su respuesta, diciendo que “no fijará posición alguna frente a las ‘denuncias’ y los ‘casos’ tramitados por dicho comité”.

Aunque reconoce que respeta las actividades de la ONG, la máxima autoridad de justicia explica que “se abstiene de entablar ese tipo de diálogo, que es ajeno a sus competencias y funciones constitucionales“, teniendo en cuenta que no se trata de una solicitud de cooperación judicial ni de un requerimiento de un tribunal internacional que lo obligue a rendir “descargos”.

En ese sentido, califica la advertencia de la Unión como “inadmisible por cuanto representa una amenaza a la independencia judicial“, al pretender “adelantar un ‘caso'” y “juzgar las actuaciones de la Corte Suprema”, además de invitarla a “‘dialogar’ y ‘cooperar’ en la búsqueda de una ‘solución satisfactoria'”.

“La Corte rechaza este tipo de intromisiones e invita a la Unión Interparlamentaria a cumplir su mandato de asistencia a sus miembros y promoción de los derechos humanos respetando los principios de soberanía e independencia judicial”, agrega la misiva.

Finalmente, el tribunal supremo concluye que sus decisiones “pueden ser consultadas y sometidas a escrutinio público”, pero enfatiza que a “una organización internacional no gubernamental no le es dable interferir en procesos judiciales en el ámbito interno ni ejercer presiones contra los miembros de la judicatura“.

Este es el comunicado de la Corte Suprema: