La Corte Suprema de Justiciaen segunda instancia, ratificó la condena de 95 meses (siete años de prisión) contra el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, por sus vínculos con grupos paramilitares dentro de la denominada parapolítica.

En una sentencia de 154 páginas, con ponencia del magistrado Gerson Chaverra, la Sala de Casación Penal le dio la razón a la Sala de Primera Instancia, que había emitido la condena contra el excongresista. En el documento se detallan las andanzas ilegales con los paramilitares Vicente y Carlos Castaño y de la financiación que recibió en sus campañas para llegar a la Gobernación de Antioquia y al Senado.

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Según el fallo, a Ramos se le atribuyeron cinco casos concretos: “Relaciones con el Bloque Metro y el Cartel de la gasolina, de los cuales recibió apoyo; contactos directos con Carlos y Vicente Castaño y entrega de dineros por parte de éstos; aportes de Sierra Ramírez a la campaña de 2002; apoyo económico entre 2000 y 2001 por parte de Miguel Arroyave y la reunión celebrada en los primeros meses de 2005 en la finca Bellanita”. 

De estos siete años de condena, Ramos ya cumplió tres en prisión. El 27 de agosto de 2013 se le dictó medida de aseguramiento, por la cual fue capturado 48 horas después y permaneció en prisión hasta el 23 de noviembre de 2016, cuando se le revocó la medida, según información revelada por El Colombiano. 

Además de los 7 años y 9 meses que debe cumplir, también debe pagar una multa de 7.000 millones de pesos y la sanción de inhabilidad de por vida. Según la Corte Suprema de Justicia, al excongresista se le imputaron los delitos de concierto para delinquir con finalidad de promover grupos armados ilegales. 

Entre los datos más dicientes del fallo inicial es que el alto tribunal deja claro que Ramos puso la función pública al servicio de estos grupos paramilitares “con el creciente estado de violencia que se presentó en el departamento de Antioquia durante su mandato”.