La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal en contra de la senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta López, tras analizar su papel y el alcance de sus funciones como coordinadora de los diálogos sociojurídicos con estructuras criminales durante la administración pasada. El alto tribunal recopiló un expediente que examina su participación en diversas actuaciones institucionales, señalando presuntas extralimitaciones en el ejercicio de sus facultades como gestora de paz y congresista.
El eje central de la indagación corresponde a un procedimiento judicial de allanamiento y registro adelantado el 10 de julio de 2025 en el pabellón de la cárcel La Picota en Bogotá. Según el documento del alto tribunal, la senadora ingresó al penal y estuvo presente en el operativo de la Fiscalía General de la Nación, tras recibir información sobre una supuesta entrega de armas vinculada a disputas entre organizaciones criminales. La Corte determinó que, a pesar de sus funciones oficiales como delegada gubernamental para acercamientos con estructuras armadas, dichas atribuciones no la autorizaban para conocer previamente órdenes de allanamiento, ni para integrar equipos de policía judicial o presenciar diligencias de carácter reservado.
El magistrado ponente Francisco Farfán señaló en el auto de apertura de instrucción que la participación de un tercero en un procedimiento penal reservado vulnera las finalidades de reserva legal encaminadas a evitar la fuga de personas, la destrucción de elementos probatorios o la contaminación de la escena. El documento precisa que la autorización otorgada por funcionarios de la Fiscalía o de policía judicial para permitir el ingreso de la congresista no convalida la legalidad de su presencia en una diligencia de naturaleza reservada, la cual no constituye un escenario de acompañamiento político.
Adicionalmente, el expediente contempla otras líneas de análisis relacionadas con denuncias previas formuladas por la exministra de Justicia Ángela María Buitrago y por altos mandos militares, quienes cuestionaron la injerencia de la congresista en gestiones carcelarias y traslados de internos. Asimismo, la Corte evalúa la realización de eventos públicos y reuniones en centros penitenciarios, tales como el encuentro adelantado en un centro de reclusión de Itagüí y un evento masivo en Medellín, los cuales generaron cuestionamientos sobre el cumplimiento de los protocolos de seguridad y los límites normativos de la figura de gestores de paz.
El alto tribunal continuará con la fase de recolección de pruebas y definirá las etapas procesales correspondientes para esclarecer si la congresista incurrió en un presunto abuso de función pública durante su actuación en los procesos de acercamiento con estructuras armadas al margen de la ley.
Polémicas y logros de Petro
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