A las 9:00 a. m de este 30 de enero de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) hará un pronunciamiento histórico sobre el caso del exterminio de la Unión Patriótica (UP), el partido político que fue desaparecido de manera violenta durante los años ochenta y noventa.
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30 años después de que sus sobrevivientes presentaran una solicitud al sistema interamericano de derechos humanos, este lunes por fin se conocerá si el Estado colombiano fue responsable de esa ola de violencia que perpetraron miembros de la fuerza pública en asocio con grupos narcoparamilitares.
La Corte IDH informó hace una semana que notificará la decisión de la sentencia de manera virtual a los abogados que representan a la UP y al Estado colombiano. Los hechos, que fueron calificados como un exterminio en el informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), involucran desapariciones forzadas, amenazas, hostigamientos, desplazamientos forzados y tentativas de homicidio en contra de integrantes y militantes del partido que nació del Acuerdo de Paz firmado en 1985.
En 2018, la CIDH, un instancia previa que evalúa los casos presentados ante el sistema interamericano de derechos humanos, señaló que estos hechos fueron perpetrados por agentes estatales y actores armados ilegales. “El Estado reconoció su responsabilidad internacional únicamente por el incumplimiento del deber de garantía, en su componente de protección, por no haber prevenido los asesinatos y demás actos de violencia en contra de los miembros de la Unión Patriótica, pese a la evidencia de que la persecución en su contra estaba en marcha”, señaló la CIDH en ese momento y decidió presentar el caso ante la Corte IDH.
En el informe de fondo, la Comisión determinó que ciertas víctimas del caso fueron sometidas a una “criminalización infundada”, al uso arbitrario del derecho penal y a torturas. Por esa razón, la CIDH concluyó que el Estado violó los derechos a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la honra y dignidad, a la protección judicial, a la libertad de pensamiento y de expresión, libertad de asociación y el principio de igualdad y no discriminación.
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“La Comisión también dio por probado que las víctimas del presente caso fueron constantemente estigmatizadas a través de declaraciones de funcionarios públicos y actores no estatales, incluyendo calificativos como terroristas, o brazo político de las FARC, estigmatización que tuvo un efecto en la grave violencia desatada en su contra, por lo que determinó que el Estado violó su derecho a la honra y dignidad”, señaló la Comisión este miércoles.
La postura del Estado colombiano
En febrero de 2021, cuando el caso ya estaba en discusión en la Corte IDH, el entonces director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), Camilo Gómez, manifestó que Colombia reconoce su responsabilidad internacional por la violación de los derechos humanos de las víctimas acreditadas por el Estado en este caso y pidió un minuto de silencio por las víctimas.
“Quiero reiterar que si bien este reconocimiento está limitado a las víctimas que han sido debidamente individualizadas en el informe de fondo (de la CIDH), Colombia está comprometida con el esclarecimiento integral de la victimización ocurrida contra miembros y militantes de la UP, en especial, a través de los mecanismos de justicia transicional con la reparación de las víctimas y la adopción de medidas necesarias para que estos hechos no vuelva a ocurrir jamás”, afirmó Gómez.
Sin embargo, durante esos días, Colombia controvirtió el número total de víctimas que dejó el exterminio. “Después de la revisión de las observaciones remitidas por los representantes de víctimas y la Comisión , la verificación de múltiples fuentes de información y el cruce del listado con ocho bases de datos diferentes, se logró la identificación de una cuarta parte de los registros presentados por la Comisión, que son personas respecto de las cuales se determinó su cédula de ciudadanía u otros documentos que acrediten su existencia. El Estado ha solicitado la exclusión de 2.420 presuntas víctimas que no están identificadas”, señaló el Estado colombiano.
Solo será hasta este lunes que se conozca si la Corte IDH confirmará lo que plantearon los abogados representantes de víctimas y la Comisión, que se trató de más de 6.000 personas asesinadas o que fueron 219 las víctimas de esta alianza entre agentes del estado y grupos paramilitares que se lucraban del narcotráfico.
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