El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
Al medio día de este lunes, el magistrado Ibáñez radicó la ponencia que no será discutida en lo que resta del mes de junio. Aunque todavía no se conocen los detalles de fondo de este documento, El Espectador pudo confirmar que la ponencia de Ibáñez busca tumbar esa ley.
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Es de recordar que en marzo de este año, la Corte Constitucional decidió darle un trámite de urgencia nacional a la demanda y tomó una decisión inédita: el alto tribunal podrá suspender leyes desde el principio de su estudio.
“Lo anterior tiene sustento en la necesidad de garantizar la eficacia del principio de supremacía constitucional, con lo cual, en virtud de una reinterpretación de las facultades de la Corte para cumplir sus funciones de guardiana de la supremacía de la Constitución, se ajusta el precedente”, explica el concepto del tribunal.
El pasado 31 de marzo, en un concepto enviado a la Corte Constitucional la procuradora, Margarita Cabello, había pedido declarar inconstitucionales una serie de artículos de la ley, porque a pesar de que la norma que introdujo el Gobierno de Gustavo Petro para acercarse a grupos armados trata, desde luego, sobre seguridad ciudadana y el sistema judicial, el texto nunca fue consultado con la instancia del Estado encargada de analizar ese tipo de propuestas: el Consejo Superior de Política Criminal.
“El deber de emisión y envío al Congreso del concepto del Consejo Superior de Política Criminal no es caprichoso, dado que es un mecanismo técnico de colaboración armónica entre las ramas el cual busca que las iniciativas legislativas sean acompañadas de un dictamen que indique si las disposiciones propuestas son conformes con el estándar de una política criminal respetuosa de los derechos humanos”, escribió la procuradora.
Cabello recordó cómo, incluso, el Consejo nació por orden de la propia Corte, en una histórica sentencia que cuestionó la política criminal populista del país.
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Lo que la coalición de gobierno ha denominado “paz total” se compone de tres ejes: el primero consiste en desactivar factores de violencia mediante procesos de paz y a través del sometimiento a la justicia; el segundo, está enfocado en proteger la vida; y, el tercero, propone lograr la paz social, lo que significa promover un modelo de convivencia ciudadana en el que los conflictos cotidianos se resuelvan.
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