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La Corte Constitucional aclaró recientemente que no cuenta con funciones consultivas ni está autorizada para emitir opiniones sobre la convocatoria de una consulta popular.
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Esta aclaración surge tras la difusión de una comunicación oficial enviada por una funcionaria de la Relatoría a la representante a la Cámara Katherine Miranda, en la cual se señalaba que la consulta popular impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro no podría ser decretada sin la aprobación previa del Senado.
En un comunicado oficial, el tribunal señaló: “La Constitución Política, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, sus normas orgánicas y reglamentarias, no le han atribuido y por lo tanto, como Tribunal Constitucional, no ejerce funciones consultivas, no resuelve consultas ni emite opiniones de ninguna naturaleza”.
La Corte explicó que sus “funciones decisorias en cumplimiento de sus funciones de control abstracto o concreto de constitucionalidad se cumplen a través de Autos y Sentencias proferidas por las Salas de Revisión y la Sala Plena de la Corporación”. En este sentido, resaltó que “la Relatoría de la Corte no tiene a su cargo responder consultas u opiniones y mucho menos adoptar decisiones de ninguna naturaleza”.
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Corte Constitucional reprueba extralimitación en comunicación sobre consulta popular
El alto tribunal enfatizó que la respuesta emitida por una servidora judicial de la Relatoría de la Corte “constituyó una extralimitación de sus funciones que no compromete la posición oficial de la Corporación”.
Ante este hecho, la Corte Constitucional anunció que hará una revisión de sus procedimientos internos y pondrá “en conocimiento de las autoridades disciplinarias competentes esta situación para que se adelanten las investigaciones correspondientes”.
Cabe recordar que el pasado 14 de mayo, la plenaria del Senado negó la consulta popular con 49 votos en contra y 47 a favor, tras un intenso debate.
Frente a esto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que podría convocar la consulta por decreto si el Senado no vuelve a discutir esa iniciativa antes del primero de junio, argumentando un supuesto error de trámite. Sin embargo, la Secretaría General del Senado descartó cualquier irregularidad en el proceso legislativo y reafirmó que la votación se realizó conforme a la ley.
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