Se hundió con 49 votos por el no, mientras 47 votaron por el sí. Se hundió pese a las cuentas del Gobierno.
Este miércoles, el Senado de la República de Colombia se convirtió en el epicentro de un agitado debate político que marcó el destino de la consulta popular solicitada por el presidente Gustavo Petro.
(Vea también: Preguntas que habrían estado en consulta popular que propone Petro: son 12 con una respuesta)
Tras intensas semanas de negociaciones y maniobras parlamentarias, la plenaria decidió rechazar la viabilidad de este mecanismo con el que el Gobierno pretendía revitalizar su fracasada reforma laboral y, al mismo tiempo, abrir la puerta a un anticipo de las elecciones presidenciales de 2026.
El ambiente en el Congreso fue de máxima tensión, ya que las cuentas entre quienes respaldaban y quienes rechazaban la iniciativa estuvieron sumamente reñidas, presagiando una votación final de infarto.
En medio de una discusión caracterizada por la presión política y estrategias de última hora, la oposición y sectores independientes buscaron impulsar una alternativa que podría frenar en seco el avance de la consulta.
De esta manera, la votación final de la consulta quedó de la siguiente manera: 47 votos a favor y 49 en contra, una diferencia mínima si se consideran los votos necesarios para la aprobación de la consulta. Las posturas de partidos como el Conservador y el Liberal, así como el comportamiento de bancadas pequeñas y senadores indecisos, terminaron inclinando la balanza a último momento.
¿Cuál fue la jugada para frenar la consulta popular?
Durante el inicio de la jornada se conoció una apelación que cobró protagonismo, que fue presentada por el senador Fabián Díaz, de la Alianza Verde, quien quiso revisar si existieron irregularidades durante la caída del proyecto laboral en el tercer debate de la Comisión Séptima. De hecho, una comisión emitió tres informes: dos favorables y uno en contra, lo que dejó en manos de la plenaria la decisión de priorizar entre retomar la discusión de la reforma laboral o continuar con la votación de la consulta, que finalmente tuvo una resolución.
Dentro del Senado, algunos legisladores argumentaron que revivir la reforma laboral iba a ser beneficioso financieramente y políticamente, pues evitaría una exposición directa ante los seguidores del presidente y disminuiría la polarización. El Partido de la U, cuyo respaldo se considera decisivo, apoyó la apelación, coincidiendo con el llamado de otras bancadas a dar una nueva oportunidad a la iniciativa laboral. Senadores de la Alianza Verde, como Angélica Lozano, también han expresado que si la plenaria aprueba la apelación, la reforma podría avanzar rápidamente, actualizando la ley laboral en el país en cuestión de semanas.
Desde la perspectiva del Ejecutivo, la discusión sobre rehacer la reforma laboral carece de sentido, ya que el calendario legislativo difícilmente permitiría cumplir los procedimientos reglamentarios antes del cierre del periodo de sesiones. Por tanto, el foco principal permanece en la consulta popular, cuyo resultado tendrá implicaciones directas para las propuestas sociales del Gobierno de Gustavo Petro.
¿Cuáles son los temas que planteaba la consulta popular?
En la actualidad, algunas de las preguntas planteadas ya cuentan con respaldo normativo. Por ejemplo, la consulta busca volver a una jornada laboral diurna entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m., horario que fue modificado con la Ley 789 de 2002 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, añadiendo cuatro horas adicionales a esa franja. Si la medida pasa el umbral de 13 millones de votos afirmativos, el Congreso tendría que legislar para revertir el cambio y volver al esquema anterior.
Otra de las preguntas propone elevar el recargo por trabajo en domingos y festivos al 100 %. Hasta hoy, según la reforma de 2002, el recargo es del 75 %. De materializarse el cambio, quien labore esos días tendrá derecho a recibir el doble del salario ordinario por esas horas.
Con respecto al sector empresarial, se contempla que las micro, pequeñas y medianas empresas reciban tasas de interés preferenciales para créditos productivos. Según la Superintendencia Financiera y el viceministro de Trabajo, Iván Jaramillo Jassir, aunque existen líneas de crédito especiales, actualmente, con la consulta se buscaría que el beneficio quede blindado por ley.
No obstante, expertos como Luis Guillermo Guerrero, expresidente de la Corte Constitucional, advierten en El Tiempo que muchas propuestas carecen de parámetros claros y precisarán ser reglamentadas por el Congreso
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