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En medio de la polémica advertencia del ministro Armando Benedetti respecto a convocar la consulta popular por decreto “si el Senado no se pronuncia antes del 1 de junio”, este martes en la tarde se conoció un concepto de la Corte Constitucional emitido un día antes, el 26 de mayo, en respuesta a una solicitud de la congresista Katherine Miranda.
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EL COLOMBIANO conoció la respuesta de la Corte en su totalidad. La consulta de Miranda fue: “Consulta sobre la posibilidad de insistencia presidencial en la convocatoria de una consulta popular nacional cuando el Senado emite concepto negativo”.
El alto tribunal le responde citando jurisprudencia y concluye como “resultado global”: “Ninguna providencia permite convocar la consulta sin concepto afirmativo del Senado ni autoriza al Ejecutivo a “insistir” tras un concepto negativo”.
Además, concluye: “El concepto previo y favorable del Senado previsto en el artículo 104 de la Constitución es condicionante de la competencia presidencial. La negativa o el silencio del Senado agotan la iniciativa; no existe vía alterna de insistencia. Cualquier modificación exige acto legislativo de reforma constitucional (arts. 374-378 CP) y control automático por la Corte Constitucional”.
La congresista Miranda reaccionó en sus redes sociales a la respuesta de la Corte:“La Corte Constitucional me ha confirmado que, tras el hundimiento de la consulta, el Gobierno no puede insistir en las mismas preguntas ni, mucho menos, imponerlas por decreto de forma dictatorial. Gana la separación de poderes. Gana Colombia”.
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Consulta popular en Colombia: ¿en qué va idea de Petro?
La consulta popular planteada por el presidente Gustavo Petro en Colombia ha sido una propuesta política que busca activar un mecanismo de participación ciudadana contemplado en la Constitución para enfrentar los bloqueos institucionales que, según el mandatario, impiden el avance de sus reformas sociales.
Esta idea surgió como una respuesta a la resistencia del Congreso de la República y otros sectores del establecimiento político y económico, que han puesto obstáculos a iniciativas clave del gobierno, como la reforma a la salud, la reforma laboral, la pensional y otras propuestas de carácter progresista.
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