La corporación financiera Corficolombiana, del Grupo AVAL, no está dispuesta a pagar un solo peso de los 16 billones de pesos que, junto a la Nación y la Rama Judicial, está obligada a pagarle a un ciudadano que ganó una reciente demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Después de un dilatado proceso, que cursó por juzgados, tribunales y hasta la Corte Suprema de Justicia, el ciudadano demostró que hace 32 años le cancelaron tres CDT de manera injusta.

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El caso empezó en febrero de 1989 cuando Corfivalle (que luego se unió a Corficolombiana) suscribió y expidió a nombre del protagonista tres CDT por un valor superior a los 58 millones de pesos cada uno. Un año después, esta persona se acercó para recibir el pago, pero le negaron el mismo y, al contrario, lo denunciaron por estafa y falsedad en documento privado porque, supuestamente, los títulos valores no eran reales. El hombre fue condenado, luego absuelto en segunda instancia, e intentó probar la validez de sus CDT por años, hasta que el Tribunal le dio la razón esta semana.

Para empezar, Corficolombiana aclaró que la corporación solo fue vinculada a la demanda que inicialmente iba contra la Nación, la Rama Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura, como posibles entidades que causaron un daño a indemnizar. La corporación consideró que es un fallo “arbitrario” dado que se pretende abrir debates cerrados durante años de decisiones judiciales en distintos despachos. Además, que tres CDT, bajo su consideración inexistentes, no pueden convertirse de repente en 14 billones de pesos, que representan más de la mitad del recaudo que quiere tener el nuevo Gobierno con su reforma tributaria para todo el país.

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Asimismo, Corficolombiana explicó que quien conoció la demanda del ciudadano en principio fue el exmagistrado Carlos Alberto Vargas, que vinculó a la corporación al expediente. No le pareció un dato menor, dado que Vargas fue condenado en 2020 por favorecer a cercanos en procesos de demanda contra la Nación. Falló en contra del Hospital de Ubaté y contra la Empresa de Acueducto de Bogotá, a favor de allegados.

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“La historia de estos supuestos CDT de Corfivalle ya es conocida por la opinión pública. Corresponde a tres falsos CDT por valor total de capital de $175′500.000, supuestamente expedidos en 1989 y que fueron presentados para su cobro ante Corfivalle en el año de 1999. El pago de los CDT fue rechazado, por no existir evidencia de dichos depósitos y dio lugar a una denuncia por estafa y falsedad en documento contra Andrés*, así como a la extensa batalla judicial, que concluyó que la Corporación había obrado legítimamente al negarse al pago”, agregó la Corporación.

Y, por último, Corficolombiana aclaró que se trata de un fallo en primera instancia, que será apelado en los próximos días. Una opción que también tiene la Nación y la Rama Judicial, si su deseo es salvarse de pagar una cifra nunca vista en una indemnización en Colombia. Si el caso llega a segunda instancia, que es casi un hecho, el Consejo de Estado se encargará de determinar si el país debe darle la bienvenida a un nuevo billonario. Al final, si el expediente sigue el mismo camino, en los papeles, el protagonista de este fallo tendría poco que envidiarle, en términos de bolsillo, a su propio adversario judicial: Luis Carlos Sarmiento Ángulo, dueño del grupo AVAL.

 

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