El caso inició el 12 de febrero de 1999 cuando un mensajero de Alejandro González Beltrán llegó a las instalaciones de la Corporación Financiera del Valle (Corfivalle) para cobrar tres CDT firmados por 175 millones y medio de pesos, con fecha de vencimiento el 17 de febrero de ese mismo año.

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En la entidad financiera se levantaron algunas alarmas por tener condiciones inusuales, como una tasa fija al 31,30 % anual e inconsistencias en los títulos físicos que debían estar a nombre de González Beltrán, pero correspondían a los expedidos a nombre de tres mujeres, razón por la que Corfivalle les puso un sello de anulado.

Luego de ese proceso, la entidad decidió no pagarlos y presentó una denuncia penal de falsedad en documento privado y estafa ante la Fiscalía. El Juzgado 9 Penal de Cali condenó a Alejandro González Beltrán el 9 de marzo de 2005, y en segunda instancia la decisión fue revocada por el del Tribunal Superior de Cali.

Una vez las investigaciones no lograron encontrar la responsabilidad de González Beltrán fue absuelto, pero el proceso fue objeto del recurso de casación interpuesto por Corficolombiana. Entonces la Corte Suprema de Justicia reafirmó el fallo del Tribunal debido a la existencia de duda razonable.

Después de una serie de largos y dudosos litigios en los que, aparentemente, aparecieron irregularidades, uso de documentos falsos por parte del demandante e incluso, aparentes favorecimientos de jueces con González Beltrán, la magistrada Clara Cecilia Suárez Vargas consideró que hubo un error judicial del Tribunal Superior de Bogotá al no dar validez a los tres CDT que crearon este lío.

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Ese error se extendió a las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. En un punto de este entramado, Corficolombiana fue vinculada como responsable solidaria de un supuesto error en las decisiones de la justicia.

Ahora, el cálculo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para reparar a González Beltrán está en entredicho porque decidió otorgarle la suma de 14 billones de pesos, cuando el pleito que desencadenó esta situación fue por tan solo 175 millones de pesos.

Según informó El Tiempo, gracias a una entrevista de Blu Radio, el presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Rodrigo Mazabel,  afirmó que se hará aun revisión sobre este caso:

“Es posible que en la aplicación de la fórmula matemática un dígito nos haya alterado digamos el resultado, eso lo podrá precisar ahora la Sala cuando ingrese nuevamente y se determine la cuantía. Pero, es decir acepto que un dígito de mas o dos dígitos de mas, en este caso unos ceros podrían dar un lugar distinto”.

Finalmente, Mazabel admitió que pudo haber “algún lapsus y el tribunal ahora lo revisará y podrá aclararlo”, aunque admitió que “la providencia que se ha expedido, está sustentada”.

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