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La Contraloría General de la República reveló este lunes una preocupante situación relacionada con el destino de más de $69.000 millones en recursos de regalías, asignados para becas educativas en los departamentos de Chocó y Magdalena. Dichos fondos corresponderían a dos proyectos aprobados en los años 2012 y 2013, que desde su formulación prometían impulsar el acceso a la educación superior a través de financiamiento para maestrías y doctorados. Sin embargo, las investigaciones del órgano de control sugieren que no existen soportes suficientes que permitan corroborar cómo ni en quiénes se invirtieron estos recursos, lo que cuestiona la transparencia y eficacia de estos programas.
De acuerdo con la información reportada por El Espectador, tanto el Ministerio de Ciencias, como la Gobernación del Magdalena y las universidades partícipes, no aportaron documentación que permitiera validar listados de beneficiarios ni existirían certificaciones académicas o pruebas del desarrollo de los programas financiados. La respuesta del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación fue enfática al señalar que, en ese entonces, el diseño normativo no les otorgaba funciones de supervisión para este tipo de esquemas, pues la Ley 1530 de 2012 establecía que la responsabilidad de supervisión recaía exclusivamente sobre los entes ejecutores departamentales.
El ex Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTeI), bajo el cual se gestionaron estos proyectos, tenía como principal propósito el desarrollo regional focalizando inversiones en investigación y educación. Sin embargo, la Contraloría determinó que los sistemas de control interno en las entidades involucradas eran “inadecuados”. Se identificaron varias deficiencias: ausencia de auditorías, exclusión de los recursos de regalías en los procedimientos de seguimiento, carencia de procesos formales de control, e imposibilidad de verificar los listados de beneficiarios así como la falta de informes mensuales o técnicos de ejecución.
El escenario es especialmente delicado en Magdalena, donde el proyecto aprobado en 2013 con un presupuesto de $29.011 millones del Sistema General de Regalías (SGR) tenía por objetivo el financiamiento de becas de posgrado para profesionales. Aunque oficialmente se reporta un avance financiero cercano al 81 %, la Contraloría sostiene que no hay soportes que permitan comprobar los giros ni informes que respalden la ejecución de los recursos.
Más grave aún resulta la situación detectada en Chocó, donde el proyecto que comenzó en diciembre de 2012 con un presupuesto inicial de $41.608 millones tampoco cuenta con evidencias de cumplimiento. Entre las principales fallas están la no acreditación de beneficiarios graduados, inexistencia de documentos que demuestren la formación en una segunda lengua y omisión por parte de la interventoría respecto al deber de vigilancia y control de la iniciativa. Como consecuencia, los resultados de las auditorías fueron puestos en conocimiento de la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación, para que evalúen eventuales responsabilidades disciplinarias y penales.
¿Por qué es importante la supervisión en el manejo de recursos para la educación? El seguimiento y la supervisión de los recursos públicos asignados a la educación aseguran que las inversiones cumplan su propósito social y lleguen efectivamente a los beneficiarios previstos. En ausencia de controles, pueden generarse vacíos de información que obstaculizan la evaluación de impacto y favorecen posibles irregularidades, lo que afecta tanto la transparencia como la confianza pública. El caso expuesto por la Contraloría evidencia los riesgos de no establecer y documentar adecuadamente los mecanismos de control en programas financiados con dineros de la nación, poniendo en entredicho la materialización real de los beneficios para la población destinataria.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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