En medio de una gran expectativa y con la mirada del país puesta en ellos, los magistrados Manuel Antonio Merchán, Alexandra Ossa y Leonor Oviedo, del Tribunal Superior de Bogotá, serán los encargados de revisar en segunda instancia la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
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La responsabilidad de analizar este caso de magnitud histórica recae sobre estos juristas, conocidos por su larga trayectoria y profesionalismo en el ámbito judicial.
En este sentido, de acuerdo con El Tiempo, el Consejo Superior de la Judicatura tomó la decisión de suspender la distribución de nuevos casos a estos tres togados.
La medida busca priorizar el estudio del recurso de apelación que presenta la defensa del expresidente. Esta determinación se habría tomado no solo por la complejidad del proceso judicial, sino para que los encargados “puedan asumir el conocimiento del proceso, en segunda instancia, sin que existan acciones de tutela en trámite”, según recogió el rotativo.
Cabe destacar que la importancia del caso lleva a que los magistrados se dediquen exclusivamente a su estudio, es decir, no atenderán otros casos simultáneamente.
¿Qué pasó con el caso contra Álvaro Uribe Vélez?
Uribe fue sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria por la jueza Sandra Heredia, quien lo encontró culpable de soborno en actuación penal y fraude procesal.
A partir de ahora, estos tres magistrados serán quienes tengan en sus manos el futuro del exmandatario y, en gran medida, la percepción de justicia en Colombia.
Esta etapa judicial es clave en la batalla que libra Uribe, pues de la decisión de estos entes jurídicos puede surgir un cambio crucial. Podría confirmarse, modificarse o incluso anularse la condena inicial.
Incluso, se podría dar lugar a un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, aunque esto no ocurre con frecuencia, según indicó a Pulzo el jurista Francisco Bernate.
El camino que ha recorrido Uribe hasta este punto ha sido tortuoso y controversial. Es la primera vez que un expresidente de la República es condenado en primera instancia, lo que causa opiniones divididas en la sociedad colombiana. Ahora, la magnitud del caso presiona a los juristas y magnifica el peso que recae sobre sus hombros.
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