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La ciudad de Cali enfrenta una alarmante realidad en cuanto a la violencia generada por la intolerancia interpersonal. De acuerdo con el Observatorio de Seguridad local, cerca del 20% de las muertes violentas registradas en 2025 tienen su origen en disputas intrafamiliares o conflictos vecinales. Frente a ese panorama, la Administración Distrital implementó una estrategia estructurada en torno a la conciliación, privilegiando la prevención y el diálogo para reducir muertes derivadas de riñas y conflictos sociales. La acción, respaldada por expertos jurídicos y académicos, tiene como principal meta promover alternativas ágiles y efectivas para la convivencia ciudadana, según el informe de 90 Minutos.
Las jornadas conocidas como “conciliatón” acercan los servicios judiciales a las comunidades, acelerando trámites que en otros escenarios de Colombia pueden tardar hasta cien días. Milena García, directora de conciliación y consultorio jurídico de la Universidad San Buenaventura, destacó que mediante estos espacios es posible resolver conflictos en menos de dos horas. Entre los casos más frecuentes se cuentan litigios sobre cuotas alimentarias, custodia de menores y desacuerdos entre vecinos, que suelen escalar en escenarios de violencia cuando no existe mediación.
Esta perspectiva preventiva se apoya en estudios del Ministerio del Interior de Colombia, los cuales identifican la intolerancia social como un factor detonante de homicidios y violencia urbana. La conciliación, en ese sentido, se alinea con la justicia restaurativa, buscando superar la confrontación mediante la reparación y el fortalecimiento del tejido social. Luis Eduardo Varela, subsecretario de servicios de acceso a la justicia, señala que la cultura del diálogo resulta esencial en la reducción de riñas, lo que puede traducirse en mayor seguridad y menos pérdida de vidas.
De manera complementaria, investigaciones del Banco Mundial han evidenciado que los mecanismos alternativos de solución de conflictos no solo alivian la sobrecarga de los sistemas judiciales, sino que también contribuyen a la rehabilitación social y emocional de quienes participan, disminuyendo la posibilidad de que la violencia escale y que las víctimas reincidan en situaciones similares. Cali ha adoptado parcialmente esta orientación, evidenciando resultados alentadores e invitando al fortalecimiento de su despliegue mediante el trabajo articulado de comunidades, academia y entes de derechos humanos.
El respaldo académico resulta decisivo en este modelo de intervención. Instituciones como la Universidad San Buenaventura aportan conocimientos técnicos y formación profesional para la gestión de conflictos; su programa integra asesoría legal y acompañamiento, formando consultores sociales con capacidades jurídicas y sensibilidad ante problemas sociales complejos. Esta sinergia ha permitido que en 2025 se logren más de 2.700 conciliaciones exitosas en Cali, según cifras reportadas por 90 Minutos, lo que refleja la aceptación social y el impacto positivo de la estrategia.
Sin embargo, el desafío pasa por extender la cobertura y fortalecer la confianza ciudadana en estos mecanismos, lo que exige inversión, formación sostenida y campañas pedagógicas orientadas a difundir el derecho a la conciliación. Asimismo, resulta prioritario articular la estrategia con políticas de seguridad ciudadana y desarrollo social para atender causas estructurales como inequidad y exclusión, factores que suelen perpetuar los ciclos de violencia.
En conclusión, la apuesta de Cali se perfila como un modelo prometedor de intervención integral, conjugando saber jurídico, voluntad política y participación comunitaria para abordar la violencia desde raíces profundas. Fortalecer y replicar este enfoque puede marcar la diferencia no solo en la ciudad, sino también en otros entornos urbanos de Colombia que enfrentan desafíos similares en materia de convivencia y seguridad.
¿Cómo se puede acceder al servicio de conciliación en Cali?
La inquietud sobre el acceso a los servicios de conciliación es fundamental para las personas que atraviesan conflictos intrafamiliares o vecinales. En el contexto de las “conciliatones”, la Administración Distrital y las universidades han descentralizado los puntos de atención, facilitando trámites y reduciendo tiempos. Además, se prioriza la participación ciudadana y la promoción de información clara sobre los procedimientos, garantizando que tanto la población de barrios como quienes llegan por remisión institucional tengan opciones ágiles para resolver disputas.
Ofrecer rutas accesibles para la conciliación fortalece la confianza en los mecanismos alternativos, disminuye la sobrecarga judicial y promueve la percepción de justicia pronta. El éxito de este modelo está ligado a su capacidad de llegar efectivamente a comunidades vulnerables, superando barreras de desconocimiento y asegurando asesoría jurídica durante todo el proceso.
¿Qué significa justicia restaurativa y cómo se diferencia de la justicia tradicional?
La inquietud sobre el concepto de justicia restaurativa surge al analizar mecanismos alternativos a los juicios convencionales. A diferencia del modelo tradicional, que se enfoca en el castigo y la sanción, la justicia restaurativa privilegia el diálogo, la reparación del daño y la restauración de relaciones sociales afectadas por el conflicto. Este enfoque, basado en la cooperación y la conciliación, busca que ambas partes asuman responsabilidad y encuentren acuerdos beneficiosos.
En el marco de la conciliación en Cali, la justicia restaurativa permite procesar disputas de forma humanizada, privilegiando la mediación y evitando la judicialización innecesaria de casos que podrían encontrar solución pacífica. El proceso enfatiza la sanación y reintegración social, aspectos esenciales para reconstruir la confianza y las relaciones dentro de las comunidades afectadas por la violencia.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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